TRANSPORTES MEDIO AMBIENTE
El Gobierno central quiere prohibir la venta de coches diésel y gasolina a partir de 2040
También los híbridos y deberían dejar de circular en 2050 || Los vehículos con carburantes fósiles representan en la actualidad prácticamente el 93% de las matriculaciones en las comarcas de Lleida
Imagen del punto de carga de vehículos eléctricos de Jaume II, en Lleida ciudad.
El Gobierno central pretende prohibir la venta de turismos y furgonetas diésel, gasolina e híbridas a partir de 2040 y que dejen de circular definitivamente en las carreteras del Estado en 2050. En ese momento, solo deberían estar operativos vehículos que no emitan dióxido de carbono, es decir los eléctricos, los que usan hidrógeno o cualquier otra tecnología “limpia”. Así consta en el documento de trabajo del Ejecutivo de Pedro Sánchez para la ley de Cambio Climático y Transición Energética. Para poder llevar adelante el proyecto, las gasolineras estarán obligadas a contar con puntos de recarga eléctricos y los municipios de más de 50.000 habitantes deberán crear zonas de bajas emisiones, donde solo puedan acceder los vehículos más ecológicos. Los consistorios tendrían hasta 2023 para cumplir con la obligación. El proyecto aspira a que el 70% de la generación de electricidad sea a partir de fuentes renovables en 2030. Pretende recudir en 10 años las emisiones de CO2 con respecto a las registradas en 1990 y en el año 2050 esta reducción debería llegar al 90%. La noticia sorprendió al sector de la automoción, que aseguraba que la Administración central no se había puesto en contacto con ellos. La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción criticó que propuestas como la de prohibir la venta de coches con emisiones de CO2 desde 2040 provocan incertidumbre y que la gente no sepa qué coche comprar. En Lleida, el 93% de los vehículos que se han comercializado hasta septiembre utilizan combustibles fósiles. Apenas 432 corresponden a híbridos, eléctricos o de otras tecnologías, frente a 3.264 de gasolina y 2.502 diésel.
Por otra parte, el proyecto prevé que no se podrán desarrollar actividades de “fractura hidráulica” (fracking) para la explotación de hidrocarburos. Las actividades vigentes no podrían seguir más allá del año 2040. Asimismo, el ejecutivo central estudiará la implantación de una euroviñeta (una “tarifa plana” por el uso de vías de alta capacidad). La Generalitat también prevé aplicarla en 2019, tal como avanzó este periódico.
