Agricultura paga más de cien millones de la PAC a 17.000 payeses de Lleida

Casi 17.000 agricultores de Lleida recibirán esta semana el 95% de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que en muchos casos son claves para los resultados de sus explotaciones. En cocreto, se repartirán algo más de cien millones de euros. En el conjunto de Catalunya son más de 40.000 beneficiarios y 218 millones.

La conselleria de Agricultura ha anuncio el pago esta semana del 95 por ciento de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) 2018 para 40.221 beneficiarios por valor de 218.304.368 euros, correspondientes a las ayudas de pago básico, pago del “greening”, complemento de jóvenes, y las ayudas del régimen de pequeños agricultores. La provincia de Lleida copa el grueso de las ayudas, con un total de 100.828.032 euros, cifra que representa el 46 por ciento del total de los importes abonados. En concreto, cobran ahora 16.998 beneficiarios, es decir, el 42,26% del total de Catalunya.

Aquellos beneficiarios que se enmarcan en el régimen de pequeños agricultores cobran ahora el cien por cien de las ayudas. Según los datos de la conselleria, en la demarcación de Lleida son 2.638 los payeses enmarcados en esa consideración. Con carácter general, el 5% restante se liquidará durante el primer semestre de 2019, una vez se verifique los límites presupuestarios, en su caso.

Segrià y Noguera son las comarcas catalanas que reciben más fondos en el llamado “pago básico”

Según el departamento que dirige Teresa Jordà, los agricultores catalanes son los primeros en cobrar el 95% de las ayudas directas disociados de la PAC y también los primeros en cobrar el reembolso de la disciplina financiera de 2018. En algunas comunidades, como Andalucía se abonó un anticipo de las ayudas de la PAC a mediados de octubre, pero en ese caso apenas alcanzó al 50% del total. En Catalunya, organizaciones agrarias y conselleria pactaron el calendario que se está llevando a cabo no sin polémica por parte de sectores que apostaban por un mayor adelanto de los abonos.

De media, un beneficiario de Lleida cuenta con 5.931 euros, mientras que en el caso de los de Girona, la cifra asciende a 9.005 y en la Catalunya central son 8.284 euros. Por detrás del promedio de las comarcas de Lleida se sitúan los de Barcelona (5.154 euros), los de Terres de l’Ebre (3.918 euros) y finalmente los de Tarragona, que cierran la estadística con apenas 2.187 euros. Las diferencias se relacionan con los distintos tipos de cultivos por zonas.

La partida más importante de las ayudas europeas de la PAC que recibe Catalunya corresponde al llamado pago básico, el que se refiere a las explotaciones en función de sus derechos y cultivos históricos y que en Lleida representa 76.294.908 euros. En este apartado, la comarca que recibe más ayudas de toda Catalunya es el Segrià, con 17.324.838 euros, seguida de la Noguera, con 11.973.807 euros; y el Montsià, con 10.486.753 euros. Los importes del resto de las comarcas de Ponent se distribuyen de la siguiente manera: Garrigues, con 6.471.416 euros; Pla d’Urgell. 6.332.416 euros; Urgell,6.180.956 euros; Segarra, con 5.493.158 euros; el Pallars Jussà, con 3.494.615 euros; el Solsonès, con 3.130.334 euros; el alt Urgell, con 2.262.258 euros; el Pallars Sobirà, con 1.821.579 euros; la Alta Ribagorça, con 956.307 euros; y la Val d’Aran, con 151.262 euros.

Todo apunta a un retraso en la negociación de la nueva Política Agraria La Unión Europea se encuentra inmersa en estos momentos en la difícil negociación de la que debe ser nueva Política Agraria Común (PAC) que se debería comenzar a aplicar a partir de 2020. A escasos meses de las elecciones europeas, que se celebrarán en mayo y que en España coincidirán con las municipales, no parece factible que salga adelante un acuerdo entre los Veintisiete, con la confirmación del divorcio entre el Reino Unido y la UE. De hecho, el ministro de Agricultura, Luis Planas, auguró ayer un retraso “no dramático” en las negociaciones de la PAC que, a su modo de ver, no sería “preocupante”, pues considera que “no hay que precipitarse y hay que tener campo para la negociación”, ya que se trata de una asunto en el que España se está jugando 44.000 millones de euros.