Cuenta atrás para iniciar el derribo del Grup Sant Isidori de Mollerussa

El ayuntamiento de Mollerussa ha iniciado la cuenta atrás para derribar el primero de los cuatro bloques del Grup Sant Isidori en 2019. Lo ha hecho con una resolución que insta a los propietarios de las cuarenta viviendas declaradas en ruina técnica y económica a presentar un proyecto de restauración o de demolición en un máximo de tres meses. El procedimiento legal así lo exige, pero el consistorio no espera recibir proyecto alguno en este plazo. Su previsión es esperar a que expire para poder ejecutar por sí mismo el derribo de forma subsidiaria y realojar en viviendas de la Agència de l’Habitatge a las 15 familias que habitan todavía el inmueble, construido en el año 1952. Hasta la fecha se han realojado a una treintena de familias de este y los otros tres bloques, según indicaron fuentes municipales.

La resolución del ayuntamiento establece también un plazo de cinco meses para desalojar las viviendas todavía habitadas del primer bloque. De forma paralela, el consistorio lleva a cabo la instrucción de expedientes de ruina de los otros tres bloques. Hasta ahora ha llevado a cabo inspecciones en más del 60% de los pisos en estos tres inmuebles y ha adoptado medidas urgentes de seguridad allí donde ha encontrado riesgos personales y materiales. Cada uno de los cuatro bloques tiene 40 pisos, con lo que el grupo suma 160 viviendas.

El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona (PDeCAT), apuntó que, tras la demolición del primer bloque en 2019, está previsto completar el derribo del Grup Sant Isidori en un plazo máximo de cuatro años, un periodo en el que prevén reubicar a las familias que los habitan. Solsona recordó el acuerdo anunciado el pasado mes de agosto para que la Generalitat asuma el coste de los derribos, que se estima inicialmente en unos 400.000 euros y que, de otro modo, recaería sobre los propietarios de las viviendas (como avanzó SEGRE el pasado 1 de septiembre). Este acuerdo deberá formalizarse, señaló el alcalde, en una enmienda al convenio de colaboración en esta materia que el consistorio y el Ejecutivo catalán firmaron hace un año.