Reactivan la construcción de un vertedero a menos de 7 kilómetros de pueblos del Segrià

El ayuntamiento de Riba-roja d’Ebre tramita la licencia de obras de un vertedero industrial junto al límite provincial de Lleida, a poco más de tres kilómetros del pueblo de Almatret y a menos de siete de Maials. Se trata de un proyecto de la empresa Urbaser que obtuvo autorización de la Generalitat en 2013 y que había quedado en suspenso desde entonces. Ahora el promotor lo ha reactivado a través de una nueva sociedad, Lestaca, en la que participa el grupo leridano Griñó, según fuentes municipales.

La Generalitat, entre tanto, tiene sobre la mesa un proyecto para acondicionar caminos que conducen a la futura planta y facilitar el tráfico de camiones. El vertedero recibirá 250.000 toneladas al año de desechos clasificados como “no peligrosos” y estará a más de 8 kilómetros de Riba-roja, que espera compensaciones. Un boletín editado por este último municipio las cifra en un mínimo de 240.000 euros anuales durante los 21 años de vida útil de esta instalación.

Los ayuntamientos de Maials y Almatret se mostraron contrarios hace cinco años a la construcción de esta planta de residuos (ver desglose). El alcalde de Maials, David Masot, se mostró sorprendido al comprobar que el proyecto se ha reactivado después de pasar años paralizado y apuntó que el consistorio mantiene su rechazo. “El vertedero que recibe la basura que generamos es el de Montoliu”, dijo. “Si hacen uno para residuos industriales, deberían instalarlo donde está la industria”, valoró. Por su parte, el primer edil de Almatret, David Romaní, afirmó que está pendiente de reunirse la próxima semana con el alcalde de Riba-roja, Antoni Suárez, para conocer los detalles del proyecto. Indicó que mantiene una buena relación con Suárez y que esperará a recibir sus explicaciones antes de posicionarse.

Autorizado cuando la comarca se oponía a otra planta en Seròs El vertedero de Riba-roja obtuvo los permisos de la Generalitat en unas fechas en que los municipios del sur del Segrià se movilizaban contra otro proyecto similar: el depósito de residuos industriales previsto en el municipio de Seròs, una instalación que logró también las autorizaciones del Ejecutivo catalán. La oposición a este último fue mucho mayor ante el temor a filtraciones que contaminasen las aguas subterráneas y a un aumento del tráfico de camiones en la zona. Fue objeto de litigios que se saldaron finalmente con la anulación de las resoluciones del Govern que lo autorizaban.