España suspende en aranés

La Carta Europea de las Lenguas Regionales entró en vigor en España en 2001 y el Estado se comprometió a la protección de las minoritarias, entre las que se encuentra el aranés. No obstante, un comité de expertos del Consejo de Europa señaló que el Gobierno central mantiene diversos incumplimientos en relación al occitano (educación preescolar en aranés incompleta y falta de textos legislativos traducidos a esta lengua, entre muchas otras premisas). Este 2018, el ministerio de la Presidencia ha presentado el quinto informe sobre el cumplimiento de la carta y desde el Institut d’Estudis Aranesi (IEA) dieron la voz de alarma y aseguraron que “todas las justificaciones de actuaciones en favor del aranés que presenta el Gobierno español fueron realizadas por la Generalitat y por el Conselh Generau”, por lo que el Ejecutivo central “no es actor en ninguna de ellas”. Ahora, la comisión de peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite una queja del IEA por el trato de España al occitano y “citarán a declarar a algún representante del Estado” para que explique las acciones que han tomado para proteger esta lengua, según su presidente, Jusèp Loís Sans.

El Gobierno central admite parte de la culpa y el ministerio de Política Territorial tiene claro que “se tiene que resolver la situación”. Propone nuevas medidas de protección del aranés “porque existe un interés real en avanzar” (ver desglose). De hecho, hasta el momento el uso del aranés en la administración del Estado es anecdótico, con excepciones como el caso de la jueza Natalia Plaza de Vielha, que traduce las sentencias a esta lengua con la ayuda del Conselh Generau. Por su parte, el Síndic, Carlos Barrera, aseguró que el Estado “está empeñado en cargarse el uso preferente del aranés en la Val”, y recuerda que el Gobierno central recurrió los artículos de la ley de 2010 que le otorgaba esta consideración, aunque existe controversia al respecto de si esta “preferencia” sigue vigente en la ley de Aran de 2015 (que fue acordada con el Estado).