URBANISMO LITIGIOS
Dueños de edificios ilegales en Les Garrigues, Aran y la Alta Ribagorça aceptan derribarlos
Se avienen a restaurar el entorno alterado a instancias de la Generalitat a raíz de expedientes sancionadores || Demolerlos de forma voluntaria les permite evitar el pago de buena parte de las multas
De izquierda en derecha, las construcciones ilegales de Naut Aran, Juneda y el Pont de Suert y los terrenos una vez se han hecho las demoliciones.
Propietarios de edificios declarados ilegales en la Val d’Aran, la Alta Ribagorça y Les Garrigues han accedido a demolerlos de forma voluntaria a lo largo de este año, como resultado de expedientes sancionadores abiertos por la Generalitat. Así consta en el balance de protección de la legalidad urbanística que ha hecho público el departamento de Territorio y Sostenibilidad. Desde el año 2011, un total de 16 construcciones ilegales se han derribado de este modo, sin que la Generalitat haya tenido que hacerlo de forma subsidiaria y con cargo a los dueños.
El edificio derribado en la Val es un inmueble de dos plantas y una superficie de unos 172 metros cuadrados que imita el aspecto de una borda aranesa en el municipio de Naut Aran. En la Ribagorça, los titulares de un camping en El Pont de Suert accedieron a desmantelar cuatro bungalows que habían sido objeto de litigios durante años. Según la Generalitat, fueron instalados sin licencia y tres de ellos se alquilaban a turistas, mientras que el cuarto servía como oficina, garaje y almacén. En el caso de Les Garrigues, las construcciones desmanteladas sumaban unos 60 metros cuadrados entre dos módulos prefabricados, otro construido con maderas y una pequeña edificiación en una zona rústica.
Los dueños de 16 edificios ilegales en Lleida los han demolido a lo largo de los últimos ocho años
Al aceptar derribar las construcciones ilegales y restablecer el aspecto original de la zona alterada, los infractores evitan pagar buena parte de las sanciones que les impone la Generalitat. El Govern, por su parte, se ahorra las complicaciones de la ejecución subsidiaria de derribo, que requiere contratar los trabajos y asumir el coste de forma provisional, a veces sin garantías de acabar cobrándoselo al propietario del inmueble. Además, se trata de procesos lentos que pueden dilatarse durante años, ya sea por recursos ante los tribunales como por la demora de la administración a la hora de ejecutar las demoliciones. Es lo que sucede con otros edificios también declarados ilegales en las comarcas leridanas.
