Aspa: punto y aparte

Un mazazo para toda una comunidad y para todo un territorio. Esto es lo que supuso el asesinato de dos agentes rurales a manos de un cazador en el coto de caza de Aspa el 21 de enero de 2017. Un doble crimen que supuso un anuncio de renovación del cuerpo, mientras una mayoría de sus miembros exigió más medidas de seguridad y celeridad a la hora de ponerlas en marcha. Cuando apenas quedan nueve días para que empiece el juicio en la Audiencia de Lleida contra el asesino confeso (ver desglose), asociaciones y sindicatos de Agentes Rurales critican la falta de compromiso de la Generalitat a la hora de poner en marcha las medidas que prometió nada más ocurrir la tragedia.

Al respecto, el director general de los Agentes Rurales, Marc Costa, señala a SEGRE que el reglamento de armas que permita a los rurales disponer de una porra extensible y una pistola (este caso en actuaciones que sean de riesgo) está previsto que se apruebe este año. Un documento del que se habló por primera vez en 2003 y que se intentó agilizar tras la tragedia de Aspa, pero que aún no es una realidad. Recuerda que es un decreto “delicado” y que “no está paralizado”, pero remarca que es necesario y que se tiene que “hacer bien”. Al respecto, Costa afirma que el asesinato de los dos rurales en el Segrià causó un “gran impacto” en el cuerpo y que hay discrepancias entre una parte que considera que más armas no son necesarias y otra que ha visto incrementar su sensación de “indefensión”.

Tras Aspa, las inspecciones de caza son en grupos de tres rurales, con chalecos antibalas y una carabina

La tragedia también hizo cambiar los protocolos de actuación, ya que ahora las inspecciones de caza deben ser de tres agentes, con chalecos antibalas y con una carabina, lo que ha hecho descender el número de servicios. En este sentido, la Generalitat tiene el visto bueno de la Guardia Civil para renovar 50 carabinas y convocará 50 plazas más de agentes de base, que se suma a la convocatoria de medio centenar de plazas de subinspector. El objetivo, según Costa, es dotar al cuerpo de como mínimo 300 efectivos más.

Otra prioridad del Govern es dar a conocer la labor del cuerpo entre la población y poner en valor su trabajo. “No queremos que sea una declaración de intenciones. El compromiso es que el cuerpo sea una estructura de Estado”, señala Costa.

Por su parte, el presidente de la Associació Professional d’Agents Rurals de Catalunya, Josep Capdevila, considera que para abarcar todo el territorio se necesitaría doblar la plantilla actual (pasar de unos 500 a 1.000 agentes). La asociación pedirá una reunión con la dirección general para pedir más agilidad en el decreto de armas, ya que se sienten “indefensos”. En la misma línea, Josep Maria Dolcet, de CCOO, critica el envejecimiento de la plantilla y la falta de medios y formación.

A la espera de conocer si el autor puede salir de prisión La Audiencia de Lleida debe decidir si prorroga la prisión preventiva para Ismael Rodríguez Clemente, acusado de matar a los rurales Xavier Ribes y David Iglesias en el coto de caza de Aspa el 21 de enero de 2017. El pasado miércoles se celebró una vista en la que las acusaciones, entre ellas la Fiscalía, solicitaron la prórroga al entender que aún existía el riesgo de fuga, ya que se enfrenta a una petición de condena de hasta 51 años de prisión por dos delitos de asesinato. La defensa, en cambio, pidió su libertad para poder preparar el juicio y alegando que no existe el riesgo de fuga “porque hay arraigo y será padre en los próximos meses”. El próximo 18 de enero se celebrará la elección del jurado que formará parte del tribunal popular que deberá decidir si Ismael Rodríguez es culpable. El juicio se iniciará el día 21, justo cuando se cumplen dos años del doble crimen, y se alargará hasta el viernes 25 de enero. La Fiscalía considera que el cazador, de 30 años y de Vacarisses, es autor de dos delitos de asesinato con alevosía en concurso de un delito de atentado a la autoridad, y le pide una condena de 23 años y nueve meses de prisión por cada uno de ellos. Por su parte, la acusación particular eleva petición a 51 años de prisión. De no confirmarse la prisión preventiva, el acusado podría salir en prisión mientras se celebra el juicio, ya que el día 24 expira el máximo permitido por ley.