El TSJC obliga al Govern a readmitir a un cargo de Lleida despedido por contratos amañados

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) obliga a la empresa pública Infraestructures de la Generalitat a readmitir a un técnico de Lleida despedido en 2016 al considerar que participó en el amaño de concursos para adjudicar obras. Se trata de hechos que son objeto de investigación judicial en el marco del caso 3%. El fallo aprecia irregularidades en contrataciones, pero no considera probado que este empleado, exdirector de la Oficina Técnica de Evaluación (OTA), fuera quien alteraba las puntuaciones asignadas a cada empresa.

La resolución judicial detalla que la evaluación de las ofertas se tramitaba a través de un sistema informático, y que este no dejaba constancia de quién introducía los datos por primera vez. Solo registraba la identidad de quien modificaba las valoraciones iniciales. En el caso del empleado despedido, la sentencia no ve probado que fuera él quien introdujo puntuaciones diferentes a las de los técnicos que hicieron las primeras valoraciones, y apunta que al menos otra persona pudo hacerlo.

El exdirector de la OTA fue cesado por “fraude, deslealtad y abuso de confianza” al haber “otorgado puntuaciones ficticias”, según su carta de despido. Meses antes había sido suspendido de empleo y sueldo por “participar en actuaciones tendentes a variar de forma irregular la puntuación técnica de licitaciones” para que “la mejor valoración técnica fuera la de un determinado licitador, previamente identificado”. Él mismo reconoció haber recibido instrucciones del entonces director general de Infraestructures, el también leridano Josep Antoni Rosell, para variar las puntuaciones técnicas de los licitadores. Así consta en una declaración firmada ante Joan Jaume Oms, actual presidente de la empresa pública.

La sentencia cita un informe interno sobre obras del regadío de Peramola y Bassella. Concluyó que la alteración de puntuaciones había “reducido la diferencia” entre las ofertas técnicas de las empresas, lo que dio “más importancia a la oferta económica” al decidir la adjudicación. El departamento de Economía, del que depende Infraestructures, explicó que no cabía recurso contra la sentencia y dijo que, en lugar de readmitirlo, optó por pagar la indemnización que la propia resolución fijó como alternativa, y que asciende a 153.800 euros.

Economía refuerza los controles para impedir fraudes en el futuro La sentencia judicial pone de manifiesto que, hace más de tres años, las puntuaciones asignadas a las empresas que participaban en concursos podían manipularse sin que quedara constancia de quién lo había hecho. El departamento de Economía explicó que, desde entonces, han introducido cambios organizativos y en el sistema informático para reforzar la seguridad y evitar fraudes. Esto pasa, indicaron, por garantizar la “trazabilidad” de la información. Es decir, que durante todo el proceso quede constancia de cualquier posible alteración de los datos y también de quién la ha hecho.