40 años de cuidados intensivos

La historia de la línea de La Pobla es la de Ferrocarrils de la Generalitat”, sostiene el presidente de FGC, Ricard Font. Esto es, la historia de una red ferroviaria herida de muerte por la desinversión cuyo cierre pudo evitar in extremis la movilización popular. Los años 70 fueron una década de pesadilla para las líneas ferroviarias en Catalunya, que habían sobrevivido a la posguerra pero no soportaron una crisis posterior. Azotada por el incremento de los costes de explotación, la falta de mantenimiento y la política tarifaria del Gobierno central, la antigua Ferrocarrils Catalans cerró la línea de Manresa a Guardiola entre 1972 y 1973 y el resto de la red que gestionaba fue trasferida a la empresa estatal Ferrocarriles de Vía Estrecha, que en 1977 diseñó un duro programa de cierre de líneas de tren, entre estas, la Igualada-Martorell y la Manresa-Igualada. Sin embargo, la reacción popular salvó ambas infraestructuras.

En el caso de la línea de La Pobla, recuerda Font, fue en 1985 cuando el Estado decretó su cierre, pero Generalitat y Diputación asumieron los números rojos de la línea para dar respuesta a protestas como las de la plataforma Volem lo tren.

Unos años antes, en 1979, el President Josep Tarradellas decidió impulsar una empresa autonómica que asumiera “las líneas desarrolladas por el Estado que ya no le interesaban”, explica Font. Fue incluso antes de la aprobación del Estatut de Sau en referéndum (25 de octubre).El próximo 5 de septiembre se cumplen 40 años de la creación de FGC, que a lo largo de estas cuatro décadas se ha hecho cargo de infraestructuras que se hallaban en la UCI y ha inyectado fuertes inversiones para relanzarlas, a pesar de que impliquen costes importantes para las arcas públicas. En el caso de la línea de La Pobla, cuesta unos 3,5 millones al Govern. Todo a cambio de un “servicio de calidad”, con máquinas del nivel del BART de San Francisco o de la compleja red suiza de ferrocarril.

El impulso por modernizar se encontrará próximamente con dos retos para la empresa catalana ferroviaria: la liberalización del sector y, como derivada, la nueva red de transporte de velocidad alta entre Lleida, Barcelona, Girona, Toulouse y Montpellier, anunciada a partir de 2020.