Condenado por intentar matar a su ex causando un accidente en La Seu

El Tribunal Supremo ha condenado a diez años de prisión a un vecino de La Seu d’Urgell por provocar un accidente de tráfico con la intención de acabar con la vida de su expareja sentimental. El alto tribunal confirma así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que admitió de forma parcial el recurso presentado por el procesado contra la sentencia dictada en primera instancia por la Audiencia de Lleida. El tribunal leridano le impuso una condena de 12 años de prisión mientras que el TSJC rebajó la pena a 10 años al absolverle de uno de los delitos de tentativa de homicidio que le aplicó la Audiencia Provincial, concretamente el que hace referencia al conductor con el que impactó. De esta forma, el Supremo confirma que el joven sea condenado a siete años y tres meses de cárcel por intentar acabar con la vida de su expareja, de 22 años en el momento de los hechos, y a otros tres años por un delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron el 26 de junio de 2016 en la N-260 en Monteferrer i Castellbó cuando el joven, de 23 años entonces, iba en su vehículo junto a su expareja. En un momento dado, invadió el carril contrario y chocó contra un todoterreno. Según el fallo del Supremo, el condenado no logró su propósito de acabar con la vida de su expareja gracias a la maniobra del otro conductor, que “logró impedir una colisión frontal”, aunque los tres ocupantes del turismo resultaron heridos. La sentencia señala que el joven no hizo nada por impedir el accidente y que intentó que su expareja no se pusiera el cinturón de seguridad cuando aceleró de forma sorpresiva y le decía frases como “si no eres para mí, no eres para nadie” y “no te pongas el cinturón, que será todo más rápido y menos doloroso”. El Supremo insiste en que el condenado no ha mostrado arrepentimiento alguno por su acción y reitera que tuvo una conducta amenazadora contra su expareja antes de causar el accidente. De hecho, mantiene que tras cumplir la pena de prisión, cumpla seis años de libertad vigilada al considerar que “en el futuro pueda reiterarse la comisión de nuevos delitos” contra la víctima, a la que no podrá aproximarse ni comunicarse durante otros nueve años.