Archivan la causa contra el alcalde de Torrefarrera por prevaricación y coacciones

El juzgado de Lleida ha archivado la denuncia contra el alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, y la concejala de Obras y Vía Pública, Montserrat Ribé, que a mediados del pasado año interpuso la antigua adjudicataria del servicios de agua de boca, Cassa por prevaricación y coacciones. La firma adujo que se ocuparon las instalaciones que usaba a través de la policía municipal para sustituir las cerraduras e impidiendo el paso al personal de la empresa, lo que calificó de coacción. Remarcó el ejercicio arbitrario de poder al no respetar el procedimiento legal y administrativo y las resoluciones judiciales que todavía no eran firmes (prevaricación) en lo que competía a la competencia por el servicio de abastecimiento. El alcalde ya negó entonces estas afirmaciones y justificó que en noviembre de 2017 el Superior de Justicia de Catalunya levantó las medidas cautelares y permitió la reversión del servicio al consistorio. En diciembre de ese año el pleno del consistorio ya dio luz verde a retomarlo a partir de primeros de 2018. El alcalde remarcó que se requirió a Cassa las llaves y la documentación y, por el contrario, “nos dimos cuenta que se había cambiado la cerradura original”, aunque “entramos sin ningún tipo de violencia”. La sentencia remarca que no puede deducirse la existencia de delito ya que no hay motivos suficientes para considerar justificada la comisión de prevaricación y coacciones. Una sentencia de enero de 2018 permitió al consistorio continuar con la gestión del agua de boca, una medida que adoptó a finales de 2015 y que no se pudo aplicar por los continuos litigios, primero entre Cassa y Aqualia por hacerse con la explotación, y luego entre Cassa y el ayuntamiento.