Pide 100.000 € al morir su hermano en una balsa de Artesa de Lleida

El hermano de un vecino de Artesa de Lleida que murió el 12 de enero de 2017 tras quedar atrapado en el interior de una balsa de riego en una finca ha reclamado al ayuntamiento una indemnización de 100.000 euros al considerar que no señalizó la zona. Así consta en una reclamación presentada ante la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, que rechaza la responsabilidad del ayuntamiento, y por tanto la indemnización solicitada, al considerar que la balsa está en una finca privada y señalizada con un muro. En la reclamación, que se puede llevar al juzgado por la vía del contencioso, el hermano de la víctima señala que el accidente se produjo por falta de señalización en la balsa de riego y la falta de medidas de protección, seguridad y rescate que impidieron que el fallecido pudiera salir del agua.

Según el atestado de los Mossos d’Esquadra, un trabajador del ayuntamiento localizó el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de esta balsa, en un recinto privado que estaba abierto para que los ciudadanos depositaran los residuos en la deixalleria habilitada en una zona de la propiedad. El informe señala que la balsa, cuya superficie estaba plastificada, tenía una profundidad de un metro y medio y que el trabajador, pese a sacar el cuerpo del agua con ayuda de otra persona, intentó reanimarlo sin éxito. El atestado recoge que la víctima tenía una disminución que le afectaba su capacidad de reacción. Según la comisión, aunque no hay ninguna normativa que regule en materia de seguridad las balsas de riego, no hay responsabilidad del ayuntamiento. En su dictamen, determina que la víctima conocía el lugar y que se encontró a su perro con vida en el interior de la balsa. Asimismo, señala que el accidente se produjo a plena luz del día y la balsa era de poca profundidad, además de contar con un muro. La comisión deniega la reclamación patrimonial del denunciante, que puede dirigirse a la justicia. En el caso de la muerte del profesor Abel Martínez a manos de un alumno en un instituto de Barcelona, esta comisión denegó la reclamación patrimonial hecha por la familia, mientras que el TSJC, como avanzó SEGRE, condenó a la Generalitat a indemnizar a los padres de Abel con 250.000 euros al considerarla responsable.