La Guardia Civil registra el consistorio de La Seu y el consell por indicios de delitos

La Guardia Civil registró ayer el ayuntamiento de La Seu y el consell del Alt Urgell tras una querella de Fiscalía presentada a raíz de una denuncia de hace seis meses. La investigación implica al alcalde, Albert Batalla, y a otros tres cargos del consistorio y la corporación comarcal por presunta prevaricación o malversación, entre otros delitos.

Agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Lleida acompañados por efectivos antidisturbios del Grupo de Reserva y de Seguridad (GRS) de Barcelona entraron a primera hora de la mañana de ayer en el ayuntamiento de La Seu d’Urgell y en el edificio del consell comarcal del Alt Urgell buscando documentación a instancias del juzgado número 2 de La Seu. Los registros vinieron motivados por una querella de la fiscalía por presuntos delitos contra la administración pública, prevaricación, malversación, fraudes contractuales, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La investigación implica a cuatro personas a las que se les requisó, previa notificación judicial y mientras dure todo el proceso, los teléfonos móviles. Se trata del alcalde de la ciudad, Albert Batalla (PDeCAT); el primer teniente de alcalde, concejal de Hacienda y Urbanismo y presidente del consell comarcal, Jesús Fierro; la edil de promoción económica, Mireia Font; y la gerente del ente comarcal, Sara Camps, que colaboraron en todo momento con los agentes de la Guardia Civil durante los registros en el consistorio.

Buscan pruebas de fraude contractual y en ayudas, prevaricación, malversación y hasta dos cargos más

Según ha podido saber este diario, el material solicitado por los agentes de la policía estaría relacionado con la empresa Habitatge i Urbanisme La Seu SLU (HIULS), sociedad municipal que se encarga de la gestión urbanística y sobre la que la Guardia Civil habría requerido expedientes del período 2012-2018, así como subvenciones de procedencia europea del programa europeo Feder (que presuntamente no se habrían destinado al motivo por el cual se otorgaron) y expedientes relacionados con programas de garantía juvenil de la comarca del Alt Urgell. También habría concesiones de obras sin los contratos correspondientes.

La actuación parte de una querella de fiscalía, que ha actuado de oficio después de que hace seis meses recibiera una denuncia, según apuntaron fuentes judiciales. Los agentes que se personaron en el ayuntamiento requirieron la presencia del secretario, la interventora, dos informáticos y el arquitecto, entre otros funcionarios municipales, que según explicaron al salir fueron aportando la información de todos los expedientes requeridos y que al parecer de ellos, no tenían “conexión alguna” los unos con los otros. Al resto de trabajadores les ordenaron “abandonar los puestos de trabajo sin tocar nada”. En el consell comarcal del Alt Urgell la Guardia Civil requisó los teléfonos móviles temporalmente a una quincena de trabajadores, que estuvieron retenidos en la sala de plenos del edificio hasta última hora de la mañana.