Ayuntamientos democráticos, 40 años reclamando una nueva financiación

El miércoles se cumplen 40 años de las primeras elecciones municipales tras la reinstauración de la democracia. En 4 décadas, los municipios se han dotado de bienes y servicios, han vivido el boom de la construcción y su caída, pero no han logrado mejorar sus mecanismos de financiación. Tienen solo un 15% de los ingresos de la administración.

Introducir una papeleta en una urna había sido un gesto imposible a lo largo de 48 años, desde las municipales de 1931, pero el 3 de abril de 1979 se celebraron las terceras votaciones en cinco meses tras la recién instaurada democracia. Había hambre electoral y 162.617 leridanos (un 60,77% del censo electoral) acudieron a las urnas. Casi un 37% de los votos fueron a parar a candidaturas independientes, que lograron 1.065 concejales de 1.747.

“Hacía dos años que se habían celebrado las primeras elecciones de la democracia y el sistema de partidos se estaba creando partiendo de cero”, sostiene Pere Vilanova, catedrático en Ciencias Políticas de la Universitat de Barcelona. Poco después los partidos fueron reclutando a los políticos, buena parte de ellos ya electos y algunos ya en activo en los últimos años del franquismo. Francesc Pallarés, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra, coincide en que los partidos políticos eran formaciones básicamente urbanas y no habían llegado a los pequeños municipios. Además, los vecinos “tenían miedo a significarse políticamente e identificarse con unas siglas”. Pero tras la primera victoria de CiU en la Generalitat (1980) y la del PSOE en el Gobierno (1982) “fue más fácil acceder” y convencer a los vecinos para que encabezaran las candidaturas.

Expertos avisan de que si los ayuntamientos no se reivindican “gestionarán la miseria” con pocos recursos

Cuarenta años después, “la realidad ha cambiado un 1000%, pero el esquema de funcionamiento” de los municipios, un cero, señala Vilanova en referencia al sistema de financiación local, el principal reto pendiente. Las localidades se han dotado de calles, redes de agua y alcantarillado, piscinas y pabellones. Han experimentado el boom urbanístico y su caída pero no han mejorado su participación en el sistema global de financiación. En 1979, el gasto público no financiero de las corporaciones locales suponía el 11,92% del total en el conjunto del Estado. La administración central detentaba el 88% y las comunidades autónomas tenían solo el 0,08. En 1998, las autonomías habían evolucionado hasta copar el 24,30 del gasto, frente al 62,7 del Estado, pero las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones) seguían en un 12,9%. Otro dato: en 2010, la administración local detentaba el 15,3% de los ingresos disponibles de los distintos niveles de administración pública. En 2017 el porcentaje fue del 14%. Para el economista Ramon Morell, los ayuntamientos deberían gestionar al menos el 25% de los recursos públicos, dado que son la administración mas próxima al ciudadano y la que se enfrenta a problemas de “exclusión social”, afirma Pere Enciso, profesor de Economía Aplicada de la Universitat de Lleida. Enciso señala que tras la crisis y la caída de ingresos por la debacle de los procedentes de impuestos vinculados a la construcción los ayuntamientos no pueden afrontar los gastos “porque no se han buscado alternativas de financiación”. En parte, porque “tienen menos capacidad de presión”. “Si no se reivindican, gestionarán la miseria”. “Hay un desfase entre lo que hacen los ayuntamientos y los mecanismos institucionales de gobierno local”, incide Pere Vilanova. Una de los principales entradas de dinero son las ayudas de las diputaciones, una escala de administración cuestionada por innecesaria y cuya desaparición haría “a los ayuntamientos más felices”.