Territorio cesa a su delegado en el Ebre por el vertedero que rechaza el Segrià

El vertedero industrial de Riba-roja d’Ebre ya se ha cobrado su primera víctima política. El alcalde de la localidad y director territorial del departamento de Territorio, Antoni Suárez, fue cesado ayer de su cargo en el Govern después de otorgar la licencia de obras al promotor del proyecto e ir en contra de la “voluntad” del territorio y del propio Govern.

La Generalitat ha decidido cesar al alcalde de Riba-roja d’Ebre, Antoni Suárez, como director de los servicios de la conselleria de Territorio en Terres de l’Ebre, después de que el jueves autorizara junto a su equipo de gobierno en el ayuntamiento la licencia de obras del macrovertedero de residuos industriales que impulsan Griñó y Urbaser. El conseller de Territorio, Damià Calvet, justificó ayer esta decisión por una “pérdida de confianza”. El propio conseller y el president Quim Torra habían cuestionado este proyecto y Calvet trató de paralizarlo el 21 de marzo al iniciar de oficio una revisión de la licencia ambiental, que caduca el 17 de julio. Calvet sostuvo entonces que este trámite paralizaba los siguientes. El vertedero cuenta también con el rechazo al menos de los ayuntamientos de Almatret y Maials (a 3 y 7 kilómetros de distancia), la diputación de Lleida y los consells del Segrià y Les Garrigues. La decisión del ayuntamiento de Riba-roja de dar permiso a la promotora sin contar con el beneplácito del Govern ni de la comarca tuvo ayer así la primera consecuencia política. Calvet nombrará a Lídia Pino, que ha trabajado en la delegación de la conselleria en Terres de l’Ebre, como nueva directora de los servicios de la conselleria en la zona.

El alcalde de Riba-roja explicó en declaraciones a SEGRE que otorgar la licencia de obras fue “dar cumplimiento a un acto reglado”. “Solo cumplí con la ley. De lo contrario, hubiese prevaricado”, dijo. No obstante, no quiso valorar su destitución y solo apuntó que la “decisión no ha tenido que ser fácil para el conseller”, dijo.

El alcalde aseguró que dar la licencia de obras es cumplir con un acto reglado y con la ley

Por su parte, el alcalde de Almatret, David Romaní, destacó que “la decisión llega cinco meses tarde” y que era lo más lógico y coherente que podía hacer el conseller Calvet. “No es de recibo que un representante del pueblo actúe en contra del territorio, del departamento y del propio president del Govern”, dijo. Asimismo, confió en que durante los próximos días se paralicen las obras del vertedero. En la misma línea se manifestó el alcalde de Maials, David Masot, que incidió en remarcar que Suárez ha actuado en contra del territorio y de los pueblos vecinos más afectados como Almatret y Maials. “Estaba desautorizando a las máximas autoridades del país. Ha jugado fuerte y no debía hacerlo”, dijo.

Los alcaldes recordaron que la conselleria de Territorio requirió el mismo jueves al ayuntamiento de Riba-roja el expediente completo de la licencia de obras y en el caso de que la documentación no se adecúe al plan especial urbanístico vigente se emprenderán acciones para proteger la legalidad urbanística. Territorio también sometió a revisión la licencia ambiental para adaptarla a la normativa de aguas, en un intento para que el consistorio no otorgara el permiso de obras al promotor del depósito. El mismo jueves, las máquinas iniciaron un camino para el futuro vertedero.