Diez municipios de Lleida ya cobran tasas por las líneas eléctricas

La Justicia avala ya que diez municipios de Lleida cobren tasas por las líneas eléctricas y otras infraestructuras que transportan energía atravesando suelo municipal. Tras años de litigios con sentencias a favor y en contra, el Supremo ha dado la razón a los consistorios y los fallos que ratifican el impuesto son unánimes en todos los tribunales.

Diez municipios de Lleida tienen ya el aval de los tribunales para cobrar una tasa a las compañías eléctricas por las líneas de alta tensión que atraviesan terrenos de propiedad municipal. Tras años de litigios, el Supremo (TS) ha ratificado en lo que va de año este gravamen en La Pobla de Segur, Talarn y La Torre de Capdella. También en los últimos meses, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se ha pronunciado en el mismo sentido sobre las ordenanzas fiscales de Isona i Conca Dellà, Senterada, Josa i Tuixén y Vall de Cardós. Por su parte, el juzgado de lo contencioso administrativo de Lleida ha fallado a favor de La Vansa i Fòrnols y de Aitona, el primer municipio leridano que consiguió una sentencia favorable en 2018.

Los recibos que estos consistorios pondrán a cobro variarán en función de cuántas instalaciones eléctricas tiene cada uno en suelo público. En conjunto sumarán más de medio millón de euros, mientras otros municipios han aprobado o preparan las suyas. Los ayuntamientos que han aprobado estas ordenanzas fiscales podrán ingresar entre 20.000 y 80.000 euros anuales, según estimaciones de Gonzalo Abogados y Cudós Consultors, el bufete que ha representado a estos ayuntamientos. Sin embargo, aplicarla requiere elaborar estudios previos para determinar qué infraestructuras eléctricas y cuántos metros de líneas de transporte de electricidad atraviesan terrenos de propiedad municipal, así como la empresa propietaria de cada una de ellas para poder emitir liquidaciones.

Los consistorios cobrarán de 20.000 a 80.000 €, en función de cuántas de estas infraestructuras acogen

En los últimos meses, todas las instancias judiciales han fallado de forma unánime a favor de los ayuntamientos, pero durante años sucedió justo lo contrario: los tribunales catalanes daban la razón a las eléctricas que recurrían esta tasa, mientras que los de otras comunidades avalaban a los consistorios. La doctrina no se unificó hasta 2018, con los primeros recursos de casación que llegaron al Supremo. El pronunciamiento más reciente del Alto Tribunal ha sido sobre la ordenanza fiscal de La Torre de Capdella. Por su parte, Isona i Conca Dellà pondrá a cobro esta tasa por primera vez este año, por un importe de más de 40.000 euros anuales, según corroboraron fuentes municipales.

Más de cinco años para ratificar una nueva fuente de ingresos Ayuntamientos del Pirineo de Lleida empezaron a recibir el pasado mes de marzo sentencias del Supremo que ratifican las tasas a las eléctricas, tras largos procesos judiciales que en algunos casos se iniciaron hace más de cinco años, durante el pasado mandato municipal. Este el caso del consistorio de Salàs del Pallars. El alcalde, Francesc Borrell, explicó que, tras el fallo a favor, elaborarán una nueva valoración de las infraestructuras eléctricas en suelo municipal, por lo que la cuantía a cobrar está aún por determinar. “Será un ingreso más”, señaló el primer edil, satisfecho por el desenlace del litigio. Por su parte, el consistorio de Isona i Conca Dellà calcula que podrá cobrar a las eléctricas unos 40.000 euros. El primer edil, Constante Aranda, apuntó que emitirán recibos por primera vez este año. En La Torre de Capdella, pondrán a liquidación las anualidades de 2015 a 2019, lo que supondrá cobrar unos 300.000 euros en total a Endesa y REE. Esta última depositó un aval por valor de la tasa mientras duró el litigio, según indicó el alcalde, Josep Maria Dalmau, quien apuntó que el proceso para ratificar esta tasa ha sido similar a la del BICES por presas y pantanos.