Aran decidís eth son futur

La población de la Val d’Aran se acerca a los 10.000 habitantes, segundas residencias aparte, y un total de 7.121 están llamados a votar el 26 de este mes no solo para renovar los ayuntamientos sino para escoger al nuevo Conselh Generau. Desde 1991, cuando se recuperaron las instituciones aranesas por ley, ha habido cuatro síndics: Pilar Busquets y Amparo Serrano, hasta 1995, y Carlos Barrera (que lo ha sido durante 20 años interrumpidos y lo es en la actualidad) y Francés Boya (2007-2011). Barrera y Boya concurren de nuevo por Convergència Democràtica Aranesa y Unitat d’Aran, respectivamente, pero también se presentan otros cuatro candidatos a Síndic, todos nuevos: Rafael Hinojosa, por el Partit Renovador d’Arties e Garòs; Mireia Boya, que vuelve a la política aranesa, donde había sido concejala en el ayuntamiento de Les, después de ser diputada y líder de la CUP nacional. También es hija de la primera síndica de Aran, Pilar Busquets, ya fallecida, y encabeza una nueva candidatura occitana y asamblearia, Aran Amassa. Junto a ella, Joan Estévez, de Ciudadanos y Paula González, de Unidas Podemos.

Entre los retos de la Val para los próximos cuatro años, destacan el despliegue de la nueva ley de Aran, en vigor desde 2015 pero apenas iniciada. El equipo de gobierno del Conselh (CDA) considera en este punto que la prórroga de los presupuestos de la Generalitat desde 2017, los coletazos de la crisis, el 155 y el ‘procés’ han impedido avanzar más en el autogobierno, si bien recientemente se han cerrado acuerdos par la mejora de la financación (29 millones hasta 2023). La situación del aranés es otra asignatura pendiente: la Comisión de Peticiones de la Comisión Europea aceptó a trámite una queja por la falta de protección del occitano en Aran por parte del Gobierno español.

También la solución al tráfico de la N-230 será uno de los debates de mayor calado, dado que los proyectos para la reforma de la carretera y la variante de Vielha están en el aire: las propuestas de Fomento para sacar el tráfico de los centros urbanos y las del territorio están muy alejadas y surgen opciones como la prohibición de los camiones o bien el pago de una viñeta.

Mientras, la gestión de la población de osos, especialmente del agresivo Goiat, ha centrado la atención en los últimos años del gobierno local, reticente a su reintroducción.