Detenidos en Lleida por pescar y vender ilegalmente cuatro toneladas de siluros

La Policía Nacional detuvo ayer a siete personas, cuatro de ellas en Lleida, acusadas de formar parte de una red internacional de tráfico de siluros. Los investigadores también registraron dos naves en Bell-lloc d’Urgell y la partida de la Caparella, en un operativo coordinado por Eurojust (ver desglose) que se saldó con la intervención de cuatro toneladas de estos peces. Se trata de una red que capturaba esta especie mediante métodos de pesca prohibidos como la electricidad y las redes ilegales, para luego almacenarlos en condiciones de salubridad precarias que ponían en riesgo la salud de los consumidores. La investigación de la Policía Nacional comenzó en noviembre del año pasado, cuando la Europol alertó de la existencia de un grupo criminal asentado en España que se dedicaba a la pesca ilegal de siluros para su comercialización ilegal en Rumanía y facilitó los nombres de estos pescadores. Tras identificar a los presuntos delincuentes de nacionalidad rumana, en diciembre detectaron una furgoneta que salía del domicilio de los pescadores implicados con destino a Francia y, durante el registro, comprobaron que transportaba una importante cantidad de esta especie de peces, los cuales no tenían marcas de haber sido pescados con anzuelos y estaban en malas condiciones de higiene. Además, los agentes constataron que la documentación que acreditaba el origen de la mercancía estaba falsificada. En Lleida, Zaragoza y Huesca, hallaron tres grupos criminales interrelacionados mediante vigilancias y intervenciones telefónicas por lo que, tras conocer el “modus operandi” de la organización, se concretró la operación de desarticulación de forma simultánea en Rumanía, Francia y Hungría. Los pescadores captaban esta especie, cuya venta para el consumo está prohibida, en ríos y pantanos de Lleida y Mequinensa para, posteriormente, introducirlo en la cadena alimenticia fuera de España.

Una operación policial que ha sido coordinada desde La Haya La operación ha sido coordinada por Eurojust, que es la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea, con sede en La Haya (Holanda), que se creó en el año 2002. Este organismo tiene por objetivo aumentar la eficacia de las autoridades nacionales en la investigación y persecución de las formas graves de delincuencia organizada y transfronteriza, y llevar a los delincuentes ante la justicia de forma rápida y eficaz. Eurojust tramita unos 2.000 casos anualmente y celebra aproximadamente 200 reuniones de coordinación al año.