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Elecciones Municipales 2019 | Reportaje

La pugna más abierta

El cambio de CiU por JxCatalunya y el auge de ERC condicionarán la futura Diputación

Imagen de archivo de una votación durante un pleno de la corporación provincial este mandato.

Imagen de archivo de una votación durante un pleno de la corporación provincial este mandato.ACN

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La batalla de los ayuntamientos determinará el próximo domingo la composición de otras tres administraciones ligadas a la municipal: el Conselh Generau d’Aran, los consells comarcals y la Diputación. Más allá del debate de fondo sobre la pervivencia de la corporación provincial, quien se haga con su gobierno tendrá el poder sobre un presupuesto de unos 130 millones de euros (según las últimas cuentas, aprobadas en diciembre), con una plantilla de unos 500 trabajadores, y un cartapacio que incluye el nombramiento de alrededor de treinta cargos de personal eventual (también según el último aprobado, hace cuatro años). Además, está en juego la propia composición del pleno de la corporación, formado por 25 diputados que no se escogen de forma directa sino que son nombrados por los partidos políticos a partir de los resultados logrados en las elecciones municipales.

La asignación de los diputados a los partidos (son los instrumentos utilizados para agrupar los votos de cara a la distribución de escaños provinciales) se resuelve con el recuento de los votos por partidos judiciales y demarcaciones.

El último mandato ha estado marcado por la dimisión de Reñé como presidente provincial

La batalla de la Diputación es este año probablemente la más abierta de las últimas décadas en Lleida. La desaparición de CiU como partido, sustituido por la marca Junts, y el auge de ERC confirmado en las elecciones generales de abril, dan alas a la especulación sobre resultados variados. La antigua formación nacionalista gobernó con mayoría absoluta la corporación provincial entre 1987 y 2007, cuando los resultados electorales posibilitaron un pacto entre el PSC y ERC siguiendo la estela del tripartito en la Generalitat.

En 2011, CiU recuperó pulso y obtuvo 14 de los 25 escaños, mayoría suficiente para dar a Joan Reñé, alcalde de Fondarella, una plácida presidencia. Cuatro años después perdió dos diputados, por lo que ha gobernado los últimos cuatro años sin mayoría absoluta y con pactos con la oposición. Sin embargo, el mandato que ahora acaba está marcado por un sonado cambio de presidencia derivado de la detención de Reñé el 2 de octubre durante unas horas con motivo de la investigación llamada Operación Boreas, aún en marcha ante el juzgado de instrucción. Reñé dimitió y dio paso a la alcaldesa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, en la presidencia 16 días después. La estabilidad del partido en Lleida quedó también tocada durante los meses siguientes.

La próxima mayoría en la Diputación dependerá en buena parte de los resultados en el partido judicial de Lleida, donde se deciden 13 escaños (ver desglose junto al mapa), y especialmente en Lleida ciudad. Hace cuatro años, el PSC logró solo tres diputados y los tres gracias al arrastre de la capital. En cambio, en la Noguera, ERC consiguió el sorpasso a CiU y se hizo con dos de los tres escaños.

En el partido judicial de Cervera se deciden otros tres (actualmente, dos de CiU y uno de ERC) y el resto de demarcaciones cuentan con uno: Les Borges (ahora, de CiU); Sort (CiU); Tremp (que incluye la Alta Ribgorça, también de CiU); Solsona (ERC); La Seu d’Urgell (CiU), a los que se suma uno más por la Val d’Aran, que actualmente detenta Unitat d’Aran, si bien en el pasado se ha alternado también con Convergència Democràtica Aranesa.

De promoción turística a gestión de tributos La creación de la marca turística Ara Lleida y la promoción del sector son una de las grandes apuestas de la corporación, vaciada desde el inicio de la democracia de competencias que había ostentado en materias como la sanidad o los sistemas de emergencia. Además, la gestión de tributos por delegación de los ayuntamientos a cargo del Organismo de Recaudación es otra de las grandes materias de gestión de la corporación. El organismo gestiona el cobro de unos 140 millones de euros de impuestos locales al año (datos de 2017) y trabaja para 228 ayuntamientos.

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