COMARCAS
Piden 24 años de cárcel por un accidente mortal en la N-240
La familia de Marta Soria, la joven de Les Borges Blanques que falleció a los 27 años en un accidente en la N-240 en Lleida en octubre de 2016, solicita sendas condenas de 24 años de prisión para los dos conductores acusados de causar el siniestro, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso SEGRE. La familia considera que los dos conductores, un hombre y una mujer, fueron autores de un delito de homicidio doloso y no de un homicidio por imprudencia porque ambos “conocían el peligro concreto” que conllevaba su conducta, ya que consideran que estaban haciendo una carrera ilegal con un claro rol de “perseguidor” y “perseguido” cuando se produjo el accidente. Por este delito, solicitan que se les imponga a cada uno de ellos 15 años de prisión. También les acusan de los delitos de conducción temeraria (otros cinco años de cárcel) y de omisión del deber de socorro (otros cuatro). En el caso de no considerarlo un homicidio doloso, la acusación particular solicita, subsidiariamente, que se les imponga sendas penas de cuatro años de prisión en lugar de 15 años por el homicidio.
La familia de Marta Soria ejerce la acusación particular y uno de sus letrados es Josep Maria Peiró. Esta parte argumenta que “ambos vehículos se encontraban circulando de una forma negligente, por circular de noche a alta velocidad y sin salvaguardar la distancia de seguridad, realizando una conducción imprudente con un claro rol de ‘perseguidor’ y ‘perseguido’”. Uno de los vehículos iba a entre 129 y 159 kilómetros por hora, hizo un adelantamiento antirreglamentario y acabó colisionando frontalmente contra el turismo de Marta Soria. A consecuencia del impacto, el coche de la víctima cayó dentro del canal auxiliar de Urgell. Ninguno de los dos conductores acusados “manifestaron la existencia de la implicación de otro vehículo en el accidente, ni alertaron a otros conductres, constituyendo todo ello una grave omisión del deber de socorro”.
El Senado aprobó en febrero endurecer el Código Penal para establecer penas más duras para los accidentes de tráfico provocados por imprudencias y castigar con hasta nueve años de prisión los homicidios por imprudencia.