Fiscalía lleva a juicio al exalcalde de Alcarràs por desobediencia en el 1-O

Miquel Serra, exalcalde de Alcarràs, es el primer cargo público leridano que la Fiscalía de Lleida lleva a juicio por su presunta participación en la organización del referéndum del 1-O. El Ministerio Público acusa a Serra, que durante el 1-O era alcalde de la localidad, de un delito de desobediencia y pide que se le condene a una multa de 21.600 euros (a razón de 80 euros diarios durante nueve meses) y la inhabilitación para empleo o cargo público durante un año y tres meses.

La Fiscalía considera que Miquel Serra designó el centro cultural Lo Casino como lugar para las votaciones y desoyó las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de no utilizar locales públicos para la celebración de la consulta. Además, afirma que, “con el firme propósito de celebrar dicho referéndum en su municipio, la noche del día 30 de septiembre, ante una multitud de vecinos, a través de un sistema de megafonía, dio un discurso en el que les instruyó y organizó sobre la forma de actuar al día siguiente en el sentido de impedir que las fuerzas y cuerpos de seguridad pudieran cumplir la orden del TSJC (...), ya que había fortificado el pueblo mediante vallas, tractores y otros objetos para cortar las calles de acceso al lugar de votación”. Además, el Ministerio Público afirma que “insistió especialmente en que se debía mantener una actitud firme y contundente ante la policía”. El exalcalde, siempre según la Fiscalía, “el 1 de octubre [de 2017] se personó en el centro cultural y volvió a dar instrucciones a la multitud allí congregada, advirtiendo de la llegada de la Guardia Civil, pidiendo que acudieran más personas al lugar para impedirles la entrada”. Por último, cuando los agentes llegaron, “se encontraron con que, de acuerdo con las órdenes del acusado, las calles estaban cortadas con tractores y barricadas, debiendo ir a pie hasta el centro cultural, donde el acusado, de forma contumaz y junto con los allí presentes, se resistió a la intervención de los agentes de la autoridad, impidiendo con empujones y formando cadenas humanas que estos pudieran cumplir la orden judicial”.

La Fiscalía archivó en febrero las diligencias contra 32 alcaldes de Lleida, principalmente de ERC y PDeCAT, que estaban siendo investigados por la cesión de locales. Continúa investigado por el TSJC el alcalde de Agramunt, Bernat Solé.