El Estado niega el principio de acuerdo para vetar a los camiones en la N-240 entre Lleida y Les Borges Blanques

El subdelegado del gobierno español en Lleida, José Crespín, ha negado este martes que haya un principio de acuerdo entre la Generalitat y Fomento para el desvío de vehículos pesados a la N-240 entre Montblanc y Lleida tal como anunció el sábado pasado el conseller de Territori, Damià Calvet, en una visita a Juncosa (Garrigues). Crespín lo ha comunicado así a los representantes de la Asociación Provincial Empresarial de Transportes de Mercancías por Carretera de Lleida (ASOTRANSLLEIDA) con quién se ha reunido para ''salir al paso'' de estas informaciones recientes, y también para comunicarles que a pesar de que se sigue trabajando pendientes de los estudios técnicos y económicos, ''hoy por hoy no se han producido avances destacables en el último mes y medio''.

El conseller Damià Calvet anunció el sábado pasado en Juncosa un principio de acuerdo con el Ministerio de Fomento para el desdoblamiento de la N-240 entre Montblanc y Lleida y liberó el peaje de la AP-2 para los camiones. El conseller dijo que esta medida comportaría acabar con las bonificaciones y el desvío de camiones entre el Pla de Santa Maria y Les Borges Blanques. Calvet también detalló que se está negociando con Fomento y que se esperaba que esta medida fuera una realidad en otoño.

El subdelegado del gobierno español en Lleida sin embargo, ha querido desmentir este martes el principio de acuerdo anunciado por Calvet y ha dicho que no ha habido ninguna novedad en el último mes y medio. José Crespín ha trasladado a los representantes de ASOTRANSLLEIDA que se sigue estudiando con ''mucho interés'' las demandas del sector y del territorio y ha añadido que el objetivo del Ministerio de Fomento es ''mantener el diálogo con la voluntad de que pueda haber un acuerdo entre todas dos partes''.

Desde la subdelegación del gobierno ha recordado que el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha reiterado en varias ocasiones que para abordar esta cuestión hace falta una ''voluntad de consenso entre todas las partes'' ya que las competencias de Tráfico están referidas a la Generalitat. Fomento asume íntegramente, desde la entrada en vigor del desvío de camiones de la N-240 a la AP-2 (tramo Les Borges Blanques – Pla de Santa Maria), el coste de esta medida acordada por el Consejo de Ministros (31 de agosto de 2018) que asciende a 14 millones de euros. Según el gobierno español, del 50% restante del coste se hacen cargo los propios transportistas ''ante la negativa de la Generalitat a asumir esta parte''.