El juez niega coacciones a la antigua compañía del agua de Torrefarrera

La Audiencia Provincial de Lleida ha archivado la querella que la empresa Cassa, antigua concesionaria del agua en Torrefarrera, interpuso hace un año contra el alcalde de esta localidad, Jordi Latorre (JxCat), y la edil Montserrat Ribes. La denuncia les atribuía supuestos delitos de prevaricación y coacciones al haber entrado en una oficina municipal que usaban empleados de la firma y cambiado las cerraduras, una vez el ayuntamiento había recuperado la gestión directa del suministro de agua. La resolución judicial considera “evidente” que “es un exceso catalogar de delictiva” la actuación de los ediles.

El archivo inicial de las diligencias penales, el pasado mes de marzo, se ha elevado a definitivo tras un recurso de apelación de Cassa que ha sido rechazado. Esta última resolución recalca que “solo las infracciones más graves, toscas y groseras pueden constituir un ilícito penal”. Es algo que no aprecia en este litigio, que considera “una controversia sobre legalidad administrativa” que debería resolverse en los tribunales de lo contencioso-administrativo. Precisamente, siguen en pie varios de estos recursos, contra la resolución del Tribunal de Contratos Públicos que declaró desierto en 2015 el concurso para la gestión del agua; y contra la decisión posterior del ayuntamiento de remunicipalizar este servicio. Una larga “guerra del agua” ante la Justicia que todavía no ha terminado.

El alcalde, satisfecho por el archivo, calificó de “triste e injusto” que el conflicto derivase en causa penal

Latorre expresó su satisfacción ante esta decisión judicial. Señaló que es legítimo que empresas concesionarias del agua defiendan sus intereses y que recurran a los tribunales. Sin embargo, calificó de “triste, preocupante e injusto” que unas diferencias que “deberían resolverse en el ámbito administrativo, tal como también señala la resolución judicial” lleguen a los juzgados como causas penales.