Un técnico municipal de Mollerussa fue detenido por 'child grooming'

En las comarcas leridanas se han producido varios casos de delitos sexuales a través de internet, muchos de ellos con menores como víctimas y, también, como agresores. Uno de los casos más graves trascendió el pasado mes de mayo, cuando fue detenido un técnico educador y mediador del ayuntamiento de Mollerussa, que ingresó en prisión acusado de acosar a menores a través de internet con finalidades sexuales, lo que se denomina child grooming. El modus operandi utilizado por el acusado consistía supuestamente en contactar con los menores con el objetivo de conseguir material pornográfico que después distribuiría, una práctica que habría cometido desde 2013. En total, hasta 64 menores, todos ellos chicos, de entre 10 y 16 años, habrían sido sus víctimas.

El caso destapado en Mollerussa es el enésimo episodio de child grooming que sale a relucir en los últimos meses. En el caso particular de Lleida, la Audiencia condenó en noviembre a un vecino de Solsona por acosar en internet a una amiga de su hija, de 13 años. Asimismo, también se le condenó por abusar de otra menor.

Un exbibliotecario del Gili fue detenido por acosar a varias alumnas a través de un grupo de móvil

No es la única sentencia por delitos sexuales a través de internet. Como públicó SEGRE, la Audiencia de Lleida condenó a dos menores a penas de hasta más de un año de libertad vigilada por difundir a través de Instagram imágenes sexuales de una compañera, también menor, que habían conseguido a través de amenazas. En este caso, el vídeo había sido enviado en un primer momento de forma consentida a una tercera persona, pero acabó en posesión de los dos menores condenados, que lo difundieron. También cabe recordar el caso del exbibliotecario del instituto Gili i Gaya de Lleida, acusado de acosar con proposiciones deshonestas a varias alumnas, con las que tenía un grupo de WhatsApp llamado “Orgía”. A través de este grupo, les envió fotografías eróticas. Las alumnas denunciaron los hechos al centro, que lo puso en conocimiento de los Mossos d’Esquadra. A la espera de juicio, la asociación de madres y padres del centro solicita que sea condenado a cuatro años de prisión. También son numerosas las condenadas por violencia de género, que se incluye en el delito de amenazas, por coaccionar a la pareja o expareja con la divulgación de fotos o vídeos íntimos.