La Fiscalía archiva la investigación contra Pàmies por el clorito de sodio

La Fiscalía General del Estado ha archivado la investigación penal contra el horticultor leridano Josep Pàmies y la asociación de medicina alternativa Dolça Revolució por la comercialización en internet de un fármaco a base de clorito de sodio que fue retirado en 2010 por la Agencia Española del Medicamento. El ministerio público concluye que no ha quedado acreditado “que los investigados intermedien o comercializan” con la sustancia y apunta que ya fueron sancionados por promocionar productos no autorizados. La Fiscalía inició las actuaciones a raíz de una denuncia presentada por el ministerio de Sanidad a finales del año pasado y ahora argumenta que no se puede acreditar el delito contra la salud pública “con las mínimas garantías de certeza que se exigen en un proceso penal”. Desde la asociación Dolça Revolució aseguraron que “hemos ejercido nuestro derecho a la libertad de expresión y el deber cívico de trasladar a la ciudadanía opciones alternativas para los cuidados de la salud de pacientes con diversas enfermedades, independientemente de estos métodos estén autorizados o no”. En esta línea, apuntaron que el MMS (Suplemento Mineral Peligroso) es una sustancia “ampliamente utilizada en todo el mundo, que no ocasiona grandes problemas y que ofrece importantes terapéuticas”. Respecto al veto de la Agencia Española del Medicamento de este fármaco a base de clorito de sodio dado sus efectos adversos para la salud, Dolça Revolució apuntó que “no han hecho ni una sola comprobación sobre la eficiencia o el peligro del MMS, ni tampoco han constatado que haya algún perjuicio por esta sustancia”. La polémica por el uso de este producto comenzó en julio del año pasado, cuando la Dolça Revolució y Pàmies anunció la celebración en Balaguer de una conferencia en la que promocionaba las supuestas virtudes del clorito de sodio para tratar patologías como el autismo o el cáncer. La Generalitat abrió tres expedientes contra Pàmies y la Dolça Revolució. La entidad ha pagado una multa de 18.000 euros, pero han recurrido otras dos de 60.000 y 600.000 euros. La conselleria de Salud rebajó esta última sanción a 300.000 euros.