Investigan el expolio de dinero por el franquismo en 21 municipios de la demarcación de Lleida

Una investigación ha hallado documentos o indicios de 21 ayuntamientos de Lleida (97 en Catalunya) que en 1939 habrían confiscado dinero a vecinos por orden de Franco al tratarse de moneda emitida “por el enemigo”, es decir, por el gobierno de la Segunda República después del alzamiento de 1936. Esto daría pie a la reclamación del dinero.

El 27 de agosto de 1938, todavía durante la Guerra Civil, Franco firmó un decreto en que se obligaba a cualquier ciudadano que tuviera dinero emitido por la II República después del alzamiento del 18 de julio que dio origen a la contienda a entregarlo al Banco de España al considerarlo “papel moneda del enemigo” y, por lo tanto, “inválida e ilegal”, señala el historiador Narcís Castells. Y debía hacerlo sin ninguna contrapartida, a riesgo de ser juzgado por contrabando.

Sin embargo, en los municipios donde por tamaño no había sucursal bancaria debían ser los propios ayuntamientos los que requisaran la ‘moneda roja’ para sacarla de la circulación. Más de 80 años después, una investigación ha puesto al descubierto indicios estos expolios que se habrían llevado a cabo al menos en 97 poblaciones de Catalunya, veintinuna de ellas de Lleida. Y podrían ser más. Por ahora, se han hallado pistas en 11 de la Noguera, 4 de la Segarra, 3 del Urgell, 2 del Pla d’Urgell y uno de la Cerdanya.

El franquismo obligó a confiscar la moneda de la República emitida durante la Guerra Civil por ilegal

Entre ellos están los ayuntamientos de Vallfogona de Balaguer y de Torrelameu (entre los 11 de la Noguera), cuyos alcaldes avanzaron ayer que han comenzado a recabar datos para estudiar si hay posibilidades de reclamar el dinero expoliado.

Primera reclamación

Narcís Castells explica que de momento solo el ayuntamiento de Sant Julià de Ramis (Girona) ha tramitado una reclamación patrimonial al Estado para la devolución de 818.684 pesetas. Este trámite espera respuesta del Consejo de Ministros y, si es contraria a la reclamación se presentará una demanda contenciosa ante el Tribunal Supremo. El caso, que lleva un bufete de Girona, podría acabar en el tribunal de Estrasburgo, del mismo modo en que lo han hecho las reclamaciones de particulares.

Un informe cifra en 13,91 euros el valor de una peseta en 1939

El historiador Narcís Castells explicó ayer que un dictamen encargado por el bufete de abogados que lleva el caso de Sant Julià de Ramis (y varios particulares), Delso Quintana, concluyó que el valor de una peseta en 1939 equivaldría hoy a 13,91 euros. Las investigaciones de Castells le han llevado a hallar indicios de expolio en 21 municipios de Lleida, 32 de Girona, 29 de Tarragona y 15 de Barcelona. En Lleida son: Alòs de Balaguer; Biosca; Cubells; Foradada; Guissona; Ivars de Noguera; La Sentiu de Sió; Lloberola (Biosca); Maldà; Mollerussa; Montgai; Oliola; Penelles; Puigverd d’Agramunt; Sant Pere dels Arquells (Ribera d’Ondara); Tàrrega; Torrelameu; Vallfogona de Balaguer, Vilanova de Bellpuig, Vilanova de Meià y Villec-Estana (Montellà i Martinet). Para las reclamaciones, los afectados deberán contar con el justificante del Banco de España, muchos, en archivos municipales.

Vallfogona de Balaguer y Torrelameu ya recaban datos

Los ayuntamientos de Vallfogona de Balaguer y Torrelameu serán con toda probabilidad los primeros de Lleida en recabar información sobre el dinero que fue confiscado por el régimen franquista a través de la retirada de la moneda republicana efectuada a partir del decreto de 1938. En Vallfogona, el alcalde, Xavier Castellana, dijo que ayer mismo se emplazaron a buscar la documentación a partir de septiembre, mientras que el de Torrelameu, Carles Comes, explicó que están analizando la situación. El dinero confiscado hace 80 años es la moneda republicana emitida desde el 18 de julio de 1936 hasta el final de la Guerra Civil y su expolio pudo dejar en la miseria a las familias afectadas. La investigación sobre la retirada de moneda ‘del enemigo’ puede acabar en estos casos en una reclamación formal ante el Estado, como la ya iniciada en Sant Julià de Ramis. Este dinero era retirado sin contraprestación al considerarse ilegal pero sí se entregaba con un justificante, que ahora debería recuperarse si se pretende llevar adelante las reclamaciones.

Baltasar Garzón lleva un centenar de reclamaciones particulares El despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón, Ilocad, ha llevado este año ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en Estrasburgo un centenar de demandas de reclamación de dinero confiscado en 1938 por Franco procedente de la moneda puesta en circulación por el gobierno de la segunda República después del alzamiento del 18 de julio de 1936. Las demandas han llegado a Estrasburgo después de pasar por el análisis del Consejo de Ministros y del Tribunal Supremo, en año pasado. El alto tribunal las rechazó por estar fuera de plazo. Ahora, a las demandas particulares comienzan a llegar las públicas, de ayuntamientos que habrían actuado como confiscadores por orden del dictador.