«Pedimos una pequeña parte de los millones que se incautaron»

La leridana Laureana Cervera preside la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista, una entidad que trabaja para que la ley de memoria historia reconozca a este colectivo como uno de los afectados por el expolio que llevó a cabo el Ejército Nacional durante la Guerra Civil española tras el alzamiento de 1936. La APIGF reclama 12 millones de pesetas de las 3.300.000.000 que se incautaron. Asimismo, una investigación determina que 21 ayuntamientos de Lleida también estuvieron afectados por esta situación.

¿De dónde surge el movimiento para buscar el dinero que incautó Franco?

En Els Matins de TV3 aparecieron una vez la señora Montserrat Capdevila y su hija Lídia Jiménez y explicaron que tenían un recibo que representaba “alguna cosa”. Cuando fueron a reclamar para que les pagaram siempre les decían que no lo sabían, que esto no toca... A raíz de esto, se reunió la gente para hacer la Asociación de Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF).

¿A quién reúne la asociación?

La entidad reunió a todos aquellos que tenían un papel de la incautación. Me he encontrado con mucha gente con miedo, que dice ‘tengo este papel y no sé qué hacer’. Había gente que, por ejemplo, para poder trabajar compraba una máquina y pagaba con este papel a condición de que cuando les devolviesen el dinero pagarían la máquina.

¿En qué consistía el expolio?

Cuando entraba Franco en las plazas conquistadas decía: “Todo el dinero que tengáis, lo tenéis que llevar al Banco de España y sino a los ayuntamientos, a las comandancias militares u otros bancos que los recogeremos”. La excusa era que había una depreciación de la moneda. La realidad era que solo querían unos billetes determinados, que eran de la Segunda República y que estaban avalados por el oro del Banco de España. Este dinero se lo quitaron a la sociedad civil, no a los ayuntamientos.

¿Cómo funcionaba la incautación de moneda?

Ibas al ayuntamiento, a la comandancia militar o al Banco de España y entregabas el dinero. Desde Sevilla, Queipo de Llano con sus arengas decía qué dinero era legal e ilegal. La gente cogía todo lo que tenía iba al recaudador y este recogía el dinero que les interesaba. Después te daban el papel que decía ‘fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo’ diciendo lo que has dado, para que cuando se terminara la guerra pudieras reclamarlo.

¿Hubo personas que terminaron reclamaron el dinero incautado?

Sí, pero a todos les decían lo mismo y la respuesta nunca fue positiva.

¿Cuántos particulares afectados puede haber en Lleida?.

De Lleida, en la APIGF tenemos 20 personas. En toda España somos unas 900 familias.

Tienen esperanza de recuperar este dinero?

Es de justicia social. Si no tuviese esperanza, no lucharía. José Ángel Sánchez Asiaín localizó el total de pesetas incautadas y son 3.300.000.000 pesetas de aquel tiempo. Sánchez Asiaín fue el director del Banco de Bilbao, un gran historiador y el único que ha hecho algo sobre la economía de la Guerra Civil.

¿Y qué hacían con este dinero?.

Pagaban la Quinta Columna, los soldados nacionales...

¿Cuánto dinero reclaman desde la asociación que preside?

Actualmente son 12 millones de pesetas. Mira todo lo que se ha perdido.

¿Cuántos millones de euros podrían llegar a ser?

No se puede hablar nunca de lo que valen. No lo sé, primero que nos reconozcan como víctimas y luego ya hablaremos.

¿En qué situación nos encontramos ahora respecto a la ley de Memoria Histórica?

La ley de Memoria Histórica de Felipe González avaló a los partidos, sindicatos e iglesia como víctimas del franquismo, pero nunca a la sociedad civil. La ley de José Luis Rodríguez Zapatero de 2007 no dio reparo a todo y la sociedad civil quedó fuera. En 2017 el grupo socialista presentó una proposición de ley que ampliaba los derechos de la memoria histórica, pero fue vetada por el gobierno del PP porque decía que habría un aumento del gasto presupuestario. Al mismo tiempo, la Generalitat catalana y la valenciana aprobaron nuestras propuestas, que eran ampliarlo a la sociedad civil e incluir las incautaciones. El ‘fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo’ está basado en el decreto de 27 de agosto, la orden del 5 de septiembre y el Boletín Oficial del Estado de 17 de septiembre, todo de 1938. Reclamamos que esto esté reflejado en la nueva ley de Memoria Histórica.

Si la sociedad civil no está reconocida como víctima, ¿cuál es el fundamento legal con el que reclamar este dinero?

Si la ley no habla de sociedad civil, ¿a quién tenemos que reclamar? Esto se tiene que trabajar a nivel de voluntad política. Esta es la base. Si no hay algo que nos avale para la reclamación, ¿qué hacemos? Lo que vale este dinero ya lo hablaremos, pero primero que se nos reconozca.

¿Están en conversaciones con el Estado?

Ahora estamos en un impás. Esperamos que pronto se arreglen las cosas y haya la voluntad política y podremos continuar hablando con el que sea responsable de Memoria Histórica.

Investigan el expolio en 21 municipiosUna investigación del historiador Narcís Castells ha sacado a la luz documentación que acredita el expolio llevado a cabo por el gobierno franquista en 21 ayuntamientos de Lleida. En los municipios en los que no había sucursal bancaria o comandancia militar, eran los consistorios quienes debían requisar la ‘moneda puesta en circulación por el enemigo’ (ver SEGRE del viernes). La investigación ha puesto al descubierto indicios de que esta situación se habría producido en 97 ayuntamientos catalanes, pero las personas afectadas se cuentan por miles. Ahora, la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista busca que la ley de Memoria Histórica les reconozca como víctimas del franquismo.