DIPUTACIÓN POLÉMICA
Alcaldes de JxCat se adjudicaron ayudas por un millón antes de perder la Diputación
Según una denuncia del grupo del Comú y los ediles defienden que fue legal || Subvenciones aprobadas en junta de gobierno en julio para proyectos en Aitona, Torrefarrera, Artesa de Lleida y Benavent
La representante del Comú (En Comú Podem) en la Diputación, Elena Ferre, denunció ayer que alcaldes de JxCat se adjudicaron el pasado julio a través de la junta de gobierno de la corporación provincial ayudas directas por valor de cerca de un millón de euros para sufragar seis proyectos en Aitona, Torrefarrera, Artesa de Lleida y Benavent de Segrià, cuyos ayuntamientos dirigen ediles de la formación postconvergente. Los alcaldes de Aitona y Torrefarrera eran entonces (y ahora) diputados y vicepresidentes. Las juntas se celebraron entre el 1 y el 4 de julio, cuando JxCat negociaba formar gobierno en la Diputación con ERC, que tras las elecciones de mayo le arrebató la mayoría en la corporación, con 11 de los 25 diputados frente a 9. El 12 de julio se constituyó el pleno de la nueva Diputación tras acordar un gobierno de coalición entre ambos presidido por ERC.
La diputada del Comú destapó que en las juntas de gobierno de julio (la del día 4 fue la única extraordinaria del mandato), formadas entonces por el PDeCAT (actual JxCat) como gobierno en funciones bajo la presidencia de Rosa Maria Perelló, se aprobaron dos ayudas al ayuntamiento de Aitona por 300.000 euros; dos más a Torrefarrera por 320.000 euros; una a Artesa de Lleida por 200.000 euros y una a Benavent de Segrià por 140.000. Además de los alcaldes de Aitona y Torrefarrera, el alcalde de Benavent desde mayo, Antoni Carré, es el actual coordinador del grupo de JxCat en la Diputación. El edil de Artesa, Pere Puiggròs, es de la misma formación.
El presidente remarca que el pacto con JxCat casi eliminará las ayudas directas a partir de 2020
Para En Comú Podem, la adjudicación de estas ayudas no responde al criterio de extraordinariedad que por ley debe justificar una ayuda directa “por razones de interés público, social, económico o humanitario”. El importe de las ayudas (960.000 €) “supone entre un 10% y un 15% de lo que la Diputación reparte en subvenciones directas en un año”, afirma.
Pujol y Latorre explicaron al respecto que se trata de ayudas destinadas a inversiones financieramente sostenibles, que se activan solo después de aprobar las cuentas del año anterior y comprobar que hay un remanente de tesorería. Esta tramitación hizo que su aprobación se atrasara hasta julio, en las últimas juntas del mandato, y añadieron que todas las subvenciones pasaron los filtros de Tesorería e Intervención. Latorre añadió que “difícilmente se habrían otorgado a ayuntamientos de los Comuns”, sin alcaldías en Lleida. También recordó que esta formación no quiso formar parte del equipo de gobierno de ERC y JxCat. Por su parte, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, remarcó que el pacto de gobierno limitará las “ayudas directas y discrecionales” en la Diputación a partir de 2020 y solo serán para casos de “urgencia”.