Más de un centenar de alcaldes y concejales leridanos muestran su rechazo a la sentencia

Unos 130 alcaldes y concejales de las comarcas de Lleida han asistido este martes al Pleno extraordinario que se ha celebrado en la Diputación de Lleida de rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo en el cual se ha aprobado la moción presentada conjuntamente por los grupos políticos de ERC, Junts per Catalunya y el Comú de lleida y que ya se leyó este lunes.

Acabado el pleno, toda la corporación supramunicipal se ha trasladado al Institut d'Estudis Ilerdencs junto con más de un centenar de electos locales de Lleida, el Pirineo y el Aran, donde se ha hecho un acto, para mostrar su rechazo a la sentencia y su solidaridad con los presos políticos.

El presidente de la diputación leridana, Joan Talarn, acompañado del vicepresidente primero, Jordi Latorre, y del alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, se ha mostrado agradecido por la gran respuesta de los alcaldes, porque "son los cargos electos que tratan cada día con su gente y nos pueden transmitir la posición del pueblo que no está de acuerdo en que haya una sentencia condenatoria para aquellos que defendieron su libertad y no está de acuerdo en que este país no tenga derecho a decidir su futuro".

Asimismo, Talarn ha asegurado que "desde el municipalismo tenemos que seguir luchando y pidiendo amnistía para los presos políticos y el retorno de los exiliados y reclamando al Estado un referéndum pactado que nos permita decidir sobre nuestro futuro".

Por su parte, Latorre ha dicho que el estado español "no tendría que promover la cultura del 'a por ellos' ni permitir una sentencia de 100 años de condena a nueve personas buenas, honradas y demócratas como la que se perpetró".

La moción aprobada destaca, entre otras cuestiones, el rechazo a la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal Supremo en relación con el juicio del proceso y la causa independentista, constatando que representa "una regresión de los derechos y las libertades de la ciudadanía de Cataluña". El texto también reclama la "libertad inmediata de todos los presos políticos" y exige "la amnistía de todos ellos, y de todos los exiliados", como a "reconocimiento de la ausencia de ningún delito vinculado a la celebración del referéndum del 1-O y en cualquier otra acción política celebrada durante los días previos y posteriores a esta fecha".

La moción recoge el posicionamiento conjunto de las entidades municipalistas Associació de Municipis per la Independència (AMI) y Asociació Catalana de Municipis (ACM) que ya han aprobado diferentes ayuntamientos y consejos comarcales leridanos de de todo el país.

Por su parte, los grupos del PSC y de Unitat d'Aran han presentado en el pleno una declaración alternativa que no ha acabado prosperando. En su texto, los socialistas han expresado el acatamiento a la sentencia del Supremo y el respeto al cumplimiento de la ley. Ambas formaciones consideran que el juicio y la sentencia "son producto del fracaso de la política" y han lamentado que "Cataluña hace demasiado tiempo que se encuentra en una situación de callejón sin salida". Por eso, han defendido que la sentencia se tiene que convertir en "el punto de inflexión necesario para abrir una nueva etapa de retorno a la legalidad y a las instituciones" que permita "buscar una solución pactada, alcanzando un compromiso firme con la negociación y el diálogo dentro de la ley como elementos básicos para la convivencia." Hay que remarcar, que el Pleno ha contado con la ausencia de la única diputada de Ciutadans, Maria Burrel.