El fiscal pide año y medio de inhabilitación para el alcalde de Agramunt por el 1-O

La Fiscalía ha pedido una pena de año y medio de inhabilitación para el alcalde de Agramunt y diputado de ERC en el Parlament, Bernat Solé, por facilitar el referéndum del 1-O en su municipio, cediendo locales públicos y ocultando urnas.

En su escrito de acusación, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el ministerio público pide también que se condene a una multa de 24.000 euros al diputado, al que acusa de un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

De acuerdo con el fiscal José Joaquín Pérez, Solé tuvo "una activa participación en la promoción, organización y celebración del ilegal referéndum" pese a "tener claro y cabal conocimiento" de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional (TC)

"Fue uno de los responsables logísticos" del 1-O en Agramunt, sostiene el ministerio público, quien asevera que el alcalde y diputado republicano cedió el CEIP Macià-Companys, un centro de titularidad municipal, para la celebración del referéndum.

Lo acusa, además, de haber tomado "decisiones" durante el transcurso de la consulta para esconder las urnas y que éstas no fueran interceptadas por la policía.

Según el documento, Solé se encargó de ocultar las urnas cada vez que los "observadores colocados en puntos exteriores de la población" avisaban de la llegada de agentes "por temor a que fueran descubiertas por la Policía encargada de impedir el acto" e incluso propuso a los componentes de las mesas electorales y organizadores "que la votación acabara una hora antes de lo acordado".

Asimismo, acusa a Solé de participar el 25 de septiembre, con motivo del referéndum, en un acto organizado en el local municipal Teatre Casal d'Agramunt, donde, tal como recoge un artículo publicado en una revista local, habría instado a acudir a votar el 1-O.

Sin embargo, afirma el fiscal, la Delegación del Gobierno en Cataluña ya le había comunicado la suspensión del TC mediante un correo electrónico y una carta certificada fechadas el 12 de septiembre, por lo que Solé sabía "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir" dicha decisión.

Una notificación en la que, subraya el ministerio público, quedaba constancia de "las responsabilidades en las que podía incurrir en caso de no atender a lo ordenado por el alto tribunal", esto es, emprender cualquier iniciativa encaminada a llevar a cabo la votación.

El escrito de acusación llega dos semanas después de que la magistrada del TSJC Mercedes Armas diera por cerrada la instrucción de la causa, que se abrió a raíz de una querella de la Fiscalía derivada de la instrucción que, en vísperas del 1-O, dictó el entonces fiscal general, José Manuel Maza, para que se abrieran diligencias a los alcaldes que apoyaran el 1-O.

En su auto, la juez aprecia indicios de que el alcalde republicano -investigado por el TSJC por su condición de aforado- incurrió en un delito de desobediencia por haber apoyado y participado en la organización el referéndum en su municipio y por poner a disposición de la Generalitat dos centros educativos de titularidad municipal para la votación. También por haber ocultado en varias ocasiones las urnas del 1-O para evitar que fueran interceptadas por la policía y proponer a los miembros de las mesas electorales que pusieran fin a la votación antes de lo acordado.

En opinión de la magistrada, con esas iniciativas, el alcalde incumplió la orden del TC que le exigía abstenerse de informar sobre la preparación del 1-O y de dictar acuerdos o decisiones que facilitaran la votación.

La instrucción de la Fiscalía General del Estado llevó a cerca de 70 alcaldes de toda Cataluña a declarar como imputados, aunque el ministerio público finalmente solo denunció a media docena de ellos, entre ellos el de Agramunt.