El Govern estudia vaciar un vertedero ilegal en Girona y llevar los residuos al de Riba-roja

La Generalitat estudia depositar en el vertedero de Riba-roja más de 2,6 millones de tonelades de residuos procedentes de una instalación construida a unos treinta kilómetros de Girona y declarada ilegal. Se trata del vertedero de Vacamorta, en Cruïlles, actualmente clausurado y que entre los años 2000 y 2014 acumuló desechos industriales calificados como no peligrosos. Sentencias judiciales obligan al Govern a vaciarlo y restituir este paraje a su estado original, y la Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha encargado estudios que valoran la posibilidad de llevar los desechos al nuevo complejo de la Ribera d’Ebre, en terrenos limítrofes con los municipios leridanos de Maials y Almatret.

Los primeros estudios ambientales, de octubre de 2018 y en exposición pública, apuntan al vertedero de Riba-roja como la “unica opción viable” para acoger por sí solo los desechos de Vacamorta, con un coste de hasta 159,5 millones. Sin embargo, apunta también a opciones como repartir los residuos entre los vertederos de Riba-roja y Tivissa, con un coste máximo de 146,8 millones; construir un nuevo depósito cerca del clausurado por 75,6 millones; o reciclar la basura en la propia instalación cerrada.

El informe cita la construcción de un nuevo vertedero como la opción más barata y de menor impacto ambiental, pero señala como inconvenientes su complejidad y que requiere mucho más tiempo que las demás. En cuanto a tratarlos en Vacamorta, es una alternativa lastrada por un alto coste y al suponer mayores riesgos que trasladar los desechos. Los municipios del Segrià y la Ribera d’Ebre contrarios al vertedero de Riba-roja ya expresaron su temor a que esta instalación acabe acogiendo los residuos de Vacamorta y manifestaron su rechazo a la Generalitat.

Autorizan al promotor nuevos cambios respecto al proyecto inicial La Generalitat ha autorizado al promotor del vertedero de Riba-roja, la empresa Lestaca, a introducir nuevos cambios respecto al proyecto original, como la construcción de una balsa para residuos líquidos y modificaciones en la impermeabilización, que debe impedir filtraciones en el vaso donde se depositarán los desechos. El departamento de Territorio les dio el visto bueno a principios de este mes al considerar que los cambios no alteran de forma sustancial la autorización ambiental del complejo. Un año antes, en 2018, la conselleria ya aceptó otro cambio que planteaba reducir las instalaciones dedicadas a la valorización de residuos y otros equipamientos como básculas y oficinas. Cabe recordar que la empresa comunicó el pasado mes de julio a la Generalitat que ya había completado las instalaciones mínimas para poder acoger residuos, algo que los ayuntamientos y plataformas contrarias rechazaron.