Exigen impedir más edificios en zonas rurales inundables

El Centre Excursionista Borges-Garrigues ha solicitado al ayuntamiento de Les Borges Blanques que no conceda licencias para edificios en zonas inundables, a raíz de las lluvias torrenciales del pasado octubre que afectó a Les Garrigues y a las comarcas del Segrià, Urgell y Pla d’Urgell. El colectivo reclama tener en cuenta la inundabilidad de los terrenos y propone iniciar un proceso de “saneamiento urbanístico” en determinadas zonas, especialmente en la partida de Font Vella.

La entidad señala que ayuntamientos y administraciones deben contar con los torrentes y los cauces naturales de los ríos y rieras a la hora de planificar el urbanismo y las infraestructuras. La entidad considera que el temporal de octubre puso al descubierto alguna “mala praxis” urbanística al no aplicar estos criterios en construcciones afectadas por las inundaciones y apuntó que se han ido construyendo de manera ilegal durante años.

Recordó que muchas de estas edificaciones tienen más de 50 años y que la norma actual las prohíbe

Por su parte, el alcalde de Les Borges Blanques, Enric Mir (JxCat), destacó que la normativa urbanística actual ya no permite este tipo de construcciones en partidas a las afueras del municipio. Aseguró que existen algunas como almacenes y torres, que se levantaron en su día de forma ilegal y que “son muy difíciles de controlar”. Se trata de edificaciones dentro de fincas privadas y apuntó que “no es fácil reconducir la situación”.Añadió que la mayoría de ellas se remontan a más de 50 años.

Mir recordó que la normativa prevé excepciones para las edificaciones en zonas inundables ya existentes, como no empeorar las condiciones de seguridad en caso de avenidas. Cabe recordar que la CHE vetó en verano el Doctor Music en Escalarre porque estaba previsto en una zona inundable de flujo preferente. También viviendas, equipamientos públicos y espacios que acogen eventos municipios de Lleida están construidos en estas áreas, las de mayor riesgo en caso de riada. Desde diciembre de 2016, la normativa española fija en ellas las mayores restricciones a la hora de edificar.