El TSJC ratifica su decisión de juzgar al alcalde de Agramunt por el 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acordó ayer mantener su decisión de llevar a juicio al alcalde de Agramunt y diputado de ERC en el Parlament, Bernat Solé, por un supuesto delito de desobediencia al “facilitar” la votación del 1-O en su municipio, “cediendo locales públicos y ocultando las urnas”. La sala civil y penal del TSJC desestimó así el recurso presentado por la defensa de Solé. Este se mostró con “la conciencia bien tranquila” ya que “a otros los juzgan por prevaricación o malversación de fondos públicos, mientras que a mí en todo caso me juzgaran por estar al lado de la democracia y de un pueblo que quería expresarse a través de las urnas”.

En referencia a la desestimación del recurso, Solé dijo que “ratifica que el TSJC mantiene la judicialización de un proceso que no tendría que haber salido nunca de la mesa política”. Solé afirmó que “el referéndum del 1-O no es de ningún alcalde ni de ningún ayuntamiento, es del país, del pueblo y por tanto, en mi caso concreto el día 1 de octubre de 2017 estuve al lado del pueblo como lo estoy en condición de alcalde en cualquier movida, manifestación, evento… con una afluencia masiva”.

“En todo caso me juzgarán por estar al lado de un pueblo que quería expresarse en las urnas”

En la interlocutoria, el alto tribunal considera que hay “bastantes” indicios que “permiten afirmar” que Solé desatendió la prohibición del Tribunal Constitucional (TC) del 7 de septiembre de 2017 que suspendía el referéndum del 1-O y advertía a los alcaldes su deber de impedirlo. En este sentido, el texto indica que Solé participó en el referéndum del 1-O así como en un acto en el Casal Agramuntí a favor de este. También destaca que la escuela Macià Companys, donde se llevaron a cabo las votaciones, es de titularidad municipal.

El pasado 12 de noviembre la Fiscalía solicitó al TSJC juzgar a Solé por un delito de desobediencia por la celebración del referéndum del 1-O. El ministerio público pide que se le condene a un año y medio de inhabilitación para ejercer cargo público y a una multa de 24.000 euros por delito de desobediencia.