Antifraude investiga la compra del edificio de la rectoría de La Portella

La Oficina Antifraude de Catalunya ha abierto una investigación por la compra de la rectoría de La Portella por parte de una empresa del alcalde, Carles Català, y el posterior derribo parcial del edificio. Antifraude lo investiga tras recibir una denuncia por supuestas irregularidades. Los denunciantes sospechan que el primer edil usó información privilegiada al adquirir el edificio para su empresa, y también presumen que desde el ayuntamiento promovió el derribo del edificio para conseguir que el obispado de Urgell, antiguo propietario de la rectoría, la vendiera a un buen precio. Todo ello fue negado a este diario por el alcalde, quien aseguró que la operación de compra-venta fue completamente transparente y el derribo parcial del edificio fue autorizado por el ayuntamiento.

La Oficina Antifraude recibió una denuncia por las supuestas irregularidades el pasado 11 de julio. A raíz de esa denuncia el director de la Oficina ordenó el inicio de actuaciones de evaluación previa de verosimilitud sobre los hechos denunciados. Como consecuencia del resultado de esas actuaciones de verosimilitud, Antifraude dictó el pasado 7 de octubre una resolución en la que el director de la Oficina ordenó iniciar actuaciones de investigación para esclarecer los hechos denunciados.

Preguntado por esta investigación, el alcalde, Carles Català, aseguró a este diario que no tiene conocimiento de las actuaciones de Antifraude y aseguró que la compra-venta del edificio de la rectoría fue en todo momento transparente y se produjo sin que se registrara ninguna irregularidad. Según Català, el obispado decidió desprenderse de varios edificios que tenía en mal estado a raíz del derrumbe del campanario de la iglesia de Rosselló en enero de 2016. Uno de estos edificios fue la rectoría de La Portella, por la que solo se interesó la empresa del alcalde a pesar de que otras firmas sabían que estaba en venta. Sobre el derribo parcial del inmueble, Català dijo que se trata de la parte más antigua del edificio y se hizo con la correspodiente autorización del ayuntamiento. Català ve motivaciones políticas en la denuncia. “Detrás de ella está la oposición, que quiere ganar de esta forma lo que no ganó en las urnas”.