El vertedero industrial de Riba-roja inicia su actividad pese a las quejas

El depósito de residuos industriales no peligrosos de Riba-roja, en Ribera d’Ebre, ya ha iniciado su actividad. El pasado jueves llegó un camión cargado con 25 toneladas de basura industrial procedente de una planta de tratamiento de Constantí (Tarragona), según indicaron fuentes de la empresa Lestaca, gestora de las instalaciones. Durante las primeras semanas está previsto que lleguen entre dos o tres camiones diarios, aunque la previsión es que oscilen entre 80 y 90 al día cuando esté a pleno rendimiento.

Precisamente, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, aseguró el viernes en Lleida, en el inicio de las obras de la planta de selección de Montoliu, que no tenía constancia de que hubiera iniciado su actividad y puntualizó que la Generalitat mantiene abierta la revisión anticipada de la autorización ambiental concedida en 2012, aunque esto “no paraliza la entrada de residuos”, remarcó. El presidente del consell del Segrià, David Masot, expresó el malestar del territorio por la puesta en marcha del depósito, dada la proximidad con Maials, municipio del que es alcalde, y de Almatret. Estas dos poblaciones junto con 11 más de Tarragona han presentado un contencioso administrativo contra el proyecto por el impacto ambiental que supone el equipamiento, en especial, por el paso de camiones.

Como contrapartida, el alcalde de Riba-roja, Antonio Suárez, manifestó su satisfacción, ya que a los puestos de trabajo que crea hay que sumar los 350.000 euros que ha supuesto para las arcas en concepto de licencia de obras, a los que habrá que sumar los entre 375.000 y 500.000 que recibirá cada año por la entrada de toneladas de material al vertedero. La empresa se ha comprometido a hacer una nueva carretera y una red de regadío para 130 hectáreas. El polémico proyecto se comenzó a gestar hace doce años. En 2012 obtuvo la declaración de impacto ambiental favorables y una año después, la urbanística. Quedó paralizado hasta 2018, fecha en la que el consistorio entró en litigio con la empresa hasta que la compañía leridana Griñó adquirió el 50% y creó con Urbaser la firma Lestaca que explota el vertedero.