TRIBUNALES DILIGENCIAS PREVIAS
Batalla declara ante el juez por presuntas anomalías urbanísticas
Confía en que el juzgado archive las diligencias vinculadas a una licencia de construcción|| Citados 11 meses después de un macroregistro de la Guardia Civil
El ex alcalde de La Seu d’Urgell, Albert Batalla, y el exconcejal de Urbanismo, Jesús Fierro, declararon ayer ante el Juzgado de instrucción número 2 de la capital del Alt Urgell como investigados en el proceso de diligencias previas por las presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con la licencia municipal otorgada para la construcción de una promoción de ocho viviendas en una zona protegida de la ciudad conocida como La Baixada del Molí, junto al Parc del Segre. Ambos declararon durante más de dos horas asistidos por el abogado Jordi Pina y a la salida del juzgado aseguraron estar “muy satisfechos” por “habernos podido explicar después de 11 meses de aquella entrada espectacular por parte de la Guardia Civil, con pasamontañas y ametralladoras” en el edificio del ayuntamiento. El exedil se mostró también “convencido y contento” de haber “constatado y demostrado que las actuaciones y decisiones por nuestra parte, del ayuntamiento y de los técnicos municipales, han sido siempre conforme a la legalidad y buscando el interés general y en ningún caso, el interés particular” y en este sentido se mostró “esperanzado” que el proceso quedará archivado y no hará falta ir a juicio. El juez tomó también declaración ayer al secretario del ayuntamiento, citado como investigado en la misma causa. La causa está abierta por los delitos de prevaricación, malversación, contra la administración pública, fraude
contractual, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios. La investigación está relacionada con subvenciones de la UE, fondos Leader y Feder, que no se habrían destinado al motivo por el que se dieron. También habría concesiones de obras sin los contratos correspondientes. La actuación parte de una querella de Fiscalía, que recibió una denuncia e investigó el caso durante seis meses.
Por otro lado, las declaraciones previstas para hoy en relación con el otro procedimiento abierto por presunta prevaricación y falsedad documental en la adjudicación de una planta de tratamiento de lixiviados, ubicada en el depósito controlado de residuos municipales en la partida de Benavarre (Montferrer) han quedado suspendidas.