La Generalitat pagará por paralizar el túnel de Tresponts y otras obras

La Generalitat tendrá que pagar por suspender sus obras públicas, tal como pretende hacer mientras dure la alerta sanitaria por el coronavirus. Así lo afirmó ayer la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, quien señaló que la exigencia de paralizar los trabajos como los del túnel de Tresponts y otras actuaciones en carreteras de Lleida (ver SEGRE del jueves) chocaba con el decreto español para afrontar la crisis sanitaria. La normativa estatal, apuntó, no prevé la suspensión de obras y solo contempla la posibilidad de que las empresas adjudicatarias soliciten hacerlo.

Tras la entrada en vigor el jueves del decreto catalán que exigía parar obras, empresas como las constructoras que ejecutan el túnel de Tresponts afirmaron que no tenían orden de detener los trabajos. Territorio, por su parte, explicó ayer que se había dirigido a empresas adjudicatarias de obras públicas en curso para instarles a solicitar la suspensión, algo que muchas no hicieron. De las 37 actuaciones de la Generalitat en curso en toda Catalunya, solo 17 se habían parado de forma voluntaria.

Ante esta situación, el Executiu aprobó ayer una nueva normativa. Según Budó, “el Govern ha tenido que adaptarla para poder suspender las obras públicas de la Generalitat, estén de acuerdo o no las empresas”. Añadió que, de acuerdo con esta nueva norma, y en consonancia con la estatal, “la Generalitar se hará cargo de todos los gastos de los empleos, alquileres de maquinaria, fianzas y seguros”.

Budó explicó que asumir estos gastos preservará empleos en el sector de la construcción y contribuirá a evitar contagios por coronavirus. El Govern ratificó su intención de suspender la mayoría de las obras en curso, parar las que debían comenzar de forma inminente y proseguir solo con aquellas que considere de carácter urgente. En el caso de Lleida, esto supone la paralización de Tresponts, así como del nuevo acceso a la escuela Alba entre Lleida y Corbins, entre otras obras. En cambio, seguirán otras como el puente de El Vilosell y la instalación de mallas antialudes en la C-13 entre Rialp y Llavorsí. El nuevo decreto de la Generalitat se aprobó cuando alcaldes del Alt Urgell preparaban una carta para pedir a las adjudicatarias de Tresponts que pidieran la suspensión de las obras. Al conocer la nueva norma, decidieron que la misiva era innecesaria.