Más controles de tráfico para evitar las salidas a segundas residencias

“Un acto de insolidaridad absoluta, más que deplorable”. Así definió el conseller de Interior, Miquel Buch, la actitud de los ciudadanos que aprovechan los días de Semana Santa para desplazarse a sus segundas residencias, incumpliendo las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno. A pesar de que este fin de semana cientos de Mossos d’Esquadra han reforzado los controles en las carreteras para frenar una posible operación salida, haciendo hincapié en los accesos a las ciudades, los municipios del Pirineo han constatado la llegada de propietarios de segundas residencias. En esta línea, la Policía catalana, que el Viernes Santo registró una reducción de la movilidad en las carreteras del 77% respecto al mismo día del año pasado −solo circularon 25.097 en toda Catalunya−, recordó ayer que “los refugios y las pistas de esquí están cerradas, por lo que si no hay ningún motivo justificado para ir a la montaña y hay que quedarse en casa”, al mismo tiempo que alertaron de que las sanciones por incumplir el estado de alarma pueden alcanzar los 30.000 euros. En los más de 500 controles de tráfico a lo largo y ancho del territorio catalán, los Mossos levantaron el viernes trescientas actas. En la ciudad Lleida, la Guardia Urbana, que estos días también ha reforzado los controles de movilidad, levantó durante toda la jornada del Viernes Santo más de sesenta actas por vulnerar las medidas de confinamiento decretadas. Asimismo, controló la circulación de un total de 443 vehículos, según los datos facilitados a este diario por la Policía Local.

El conseller Buch asegura que la Policía catalana no puede investigar a las personas que, estando en segundas residencias, acuden a centros hospitalarios al presentar síntomas compatibles con el coronavirus. En este sentido, apunta que el sistema sanitario tiene una “garantía absoluta en cuanto a la protección de datos” y remarca que esta información solo la pueden facilitar los médicos “en caso de que lo crean oportuno”. Aun así, destaca que el Govern “no está pidiendo a los profesionales de la salud que denuncien a estos ciudadanos”.