Maldà estrena alcaldesa tras la moción de censura de ERC y CUP contra el edil de JxCat

La republicana Anna Salla se convirtió ayer en la primera alcaldesa de Maldà tras prosperar la moción de censura contra Josep Batlle (JxCat). La propuesta se votó en un pleno extraordinario por vía telemática, la primera de este tipo que se hace en Catalunya, por el coronavirus. Tal como se preveía, los 3 ediles de Independents per Maldà-AM (vinculada a ERC) y la CUP votaron a favor mientras que los 2 de JxCat se abstuvieron. En su primer discurso, Salla recordó que “desde el pasado 14 de abril tenemos la mayoría en el ayuntamiento y pienso que es de responsabilidad política y democrática ejercerla”. Anunció la “creación de espacios de debate conjuntos para dar respuesta a las necesidades de los vecinos”. La primera mujer alcaldesa de Maldà aseguró se fomentarán acciones de “arraigo, dinamización y cohesión social y repoblación”. Por su parte, el hasta ayer alcalde, Josep Batlle (JxCat), leyó una carta que hizo llegar a los vecinos en la que indicó que “la moción violenta la voluntad mayoritaria de la población”. Con todo, afirmó que “estaremos en la oposición con el objetivo de seguir trabajando”.

El nuevo gobierno de Maldà se centrará en garantizar la desescalada del coronavirus, priorizando la residencia y el apoyo a los vecinos. Además, “está previsto definir un plan de acción para priorizar inversiones y mantenimiento de servicios y recursos”.

También en Ponts, ERC y PontsxCat registraron ayer la moción de censura contra el alcalde de JxCat, Josep Tàpies. Ambos suman 7 ediles de los 11 del consistorio y llegaron a un acuerdo después de denunciar “la incapacidad política del alcalde” para conseguir una nueva mayoría tras haber cesado a los dos ediles independientes en marzo. La cabeza de lista de ERC (la lista más votada en 2019), Solés Carabassa, será la candidata a alcaldesa de un gobierno de ERC y PontsxCat. Explicó que “será un gobierno sólido, eficiente y cohesionado, que tendrá como prioridad dinamizar el municipio a nivel económico y social, especialmente ahora con la grave crisis económica que se deriva de la Covid-19”. El pleno se podría convocar en 10 días, aunque el alcalde puede suspender plazos por el coronavirus, tal y como ha sucedido en Cervera.