Un fallo a favor de revertir centrales aviva reivindicaciones en el Pirineo

Una sentencia de la Audiencia Nacional que avala el traspaso de presas y embalses al Estado una vez expira su concesión ha reavivado reivindicaciones en el Pirineo. El fallo judicial, del pasado mes de febrero, desoye un recurso de la concesionaria de la central de Lafortunada, en Huesca, frente a la decisión del Gobierno de exigir el traspaso. Esto ha motivado preguntas parlamentarias sobre los plazos de reversión de otras instalaciones, mientras que los municipios con hidroeléctricas reclaman conservar los ingresos derivados de tasas,impuestos y cánones, sea quien sea el titular.

La Associació de Municipis Afectats per Centrals Hidroelèctriques i Embassaments de Lleida, que reúne a 35 municipios, exige que si Estado asume centrales, abone impuestos como IBI, BICES, IAE, así como tasas y cánones que ahora pagan las empresas hidroeléctricas.

Los consistorios quieren que se les aclaren cúando podría comenzar el traspaso a la Administraciòn

El presidente de la entidad y alcalde de Lladorre, Salvador Tomàs, apuntó estos ingresos son vitales para los municipios con centrales, y exigió un acuerdo con la administración. También reclamó claridad a la hora de establecer los plazos y fechas en que expiran las concesiones, en principio de 75 años, prórrogas incluidas, aunque persisten dudas sobre si se cuentan desde su puesta en marcha o desde el año 1986, fecha de la última ley de Aguas.

Tomàs indicó que algunas estarían se podrían traspasar en dos o tres años, mientras que en otras la concesión se alargaría hasta 2060. Cabe recordar que varios municipios del Pirineo y partidos como ERC han solicitado que las centrales pasen a ser públicas a partir de 2023, año en el que expirarían algunas concesiones de centrales del Sobirà y la Ribagorça. Los republicanos han reclamado esta semana al Gobierno saber cuándo está prevista la reversión de las centrales de Cabdella, Serós, Sossís, Talarn, Camarasa, Pobla, Molins, Sant Llorenç de Montgai, Terradets y la Plana.

La CUP pide al Fiscal que dimita por favorecer a cuatro centrales La CUP exige la dimisión del Fiscal Jefe de Lleida, Juan Francisco Boné, por archivar la investigación sobre presuntas irregularidades en las concesiones de cuatro centrales hidroeléctricas de la Vall Fosca, en concreto en el río Flamisell, como ya informó este diario en 2019. Esta formación presentó una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción por presunto delito de falsedad documental, fraude en el registro público, prevaricación de funcionario público y malversación de fondos públicos por la gestión de la CHE. Incide en que Boné es hijo de Francisco Boné Sangüesa, antiguo técnico de la CHE ya fallecido que habría autorizado estas concesiones cuando trabajó en el organismo. Por su parte, Boné dijo que una Fiscal instructora de La Seu valoró el caso y propuso archivarlo. Añadió que en la denuncia no se mencionaba a su padre como denunciado y que nunca le pidieron que se abstuviera.