¿Es un peligro la covid para la calidad de la democracia?

La Universidad de Gotemburgo ha hecho público su índice Varieties of Democracy (V-Dem), que analiza el posible impacto de la Covid-19 sobre la calidad democrática de los países. Se establecen cuatro categorías: riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y autocracias cerradas. España está entre los 34 países que, según este indicador, corren un riesgo medio de perder derechos y libertades después de la pandemia. En este mismo grupo están los Estados Unidos, Suiza, Polonia y Rusia. Frente a ellos, destacan los 47 estados de riesgo bajo, como Portugal, Francia, Alemania, Italia o el Reino Unido.

El profesor de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Jordi Mas Elias conoce bien estos índices porque trabajó con ellos para la elaboración del informe España en los indicadores internacionales de democracia. En esta investigación ponía de manifiesto cómo se había producido un descenso importante, entre 2010 y 2019, en los niveles de calidad democrática en el estado español. “Los déficits se detectaron sobre todo en la dificultad para la celebración de referéndums, las carencias en la política informativa del gobierno y las dificultades para la libertad de expresión”, explica Mas a este diario.

Según este profesor, V-Dem es un índice muy complejo y tiene una metodología muy moderna que permite detectar variaciones producidas en el nivel democrático de los países a lo largo del tiempo. Este índice ha sido el primero en estudiar la situación desde el inicio de la pandemia y pone de manifiesto cómo la Covid-19 puede suponer un riesgo para la democracia en todos los países del mundo. A Mas le extraña que España haya sido clasificada en un nivel más bajo que otros países de su entorno que han tomado medidas similares. La razón por la que España tiene una situación de riesgo medio es porque V-Dem asegura que ha habido restricciones a la libertad de información, sin especificar cuáles. Aparte de esta circunstancia, no hay grandes diferencias en el índice respecto a las medidas que han tomado países calificados de bajo riesgo como Francia, Alemania o el Reino Unido. “Son medidas que se justifican por la situación excepcional y se espera que luego se vuelva a la normalidad. Pero desde la ciencia política hay una preocupación porque en situaciones excepcionales de crisis, guerra o choque, los estados suelen apropiarse de una serie de derechos que luego no siempre devuelven a los ciudadanos y se produce una pérdida de control democrático. Lo más peligroso es que las medidas excepcionales acaben convirtiéndose en algo normal. Por eso hay que estar especialmente atentos y por eso los indicadores tratan de medir este riesgo”, señala Mas.

Otro profesor de la UOC, el leridano Josep Maria Tamarit, catedrático de Derecho Penal de esta universidad y también de la de Lleida, apunta las razones de fondo de este riesgo: “La libertad y los derechos no son algo natural, sino el producto de la lucha de la civilización contra la barbarie, un proyecto construido con esfuerzo”. En un artículo publicado en SEGRE el pasado 26 de abril a raíz de un reportaje sobre los derechos en el estado de alarma, Tamarit destacó que “la humanidad puede volver fácilmente al estado salvaje, y en el estado salvaje quien reina es el miedo. Y en un clima de miedo, la ciudadanía parece dispuesta a asumir dócilmente el sacrificio de su libertad. He aquí la segunda epidemia”.

entrevista

Joan Mas Elias.  Profesor de Derecho y Ciencia Política de la UOC

Usted hizo un estudio que concluyó que España había perdido calidad democrática en la última década. ¿Se puede agravar eso con la Covid-19?

Puede ser porque en situaciones excepcionales se toman medidas excepcionales, y es evidente que la pandemia lo es. En estos casos los estados suelen apropiarse de derechos y el riesgo es que no los devuelvan a la ciudadanía cuando la situación deje de ser excepcional. La cuestión es vigilar que no perdamos derechos en la nueva normalidad.

¿Qué le ha parecido la gestión de la crisis en España?

Es muy discutible sobre todo la centralización. En primer lugar porque se ha dado toda la autoridad a un ministerio sin apenas competencias y que, por tanto, conoce poco los territorios y los recursos, y en segundo lugar porque se ha adoptado las mismas medidas en todas partes pese a que la realidad de cada comunidad era muy distinta. En eso España ha actuado de forma muy diferente a países descentralizados como Alemania o Canadá.