El veto a los camiones en la N-240 se reactiva tras 3 meses y sorprende a los transportistas

El desvío obligatorio de camiones de la N-240 a la AP-2 entre Les Borges Blanques y Montblanc volvió a activarse ayer, después de tres meses en los que estuvo suspendido por la declaración del estado de alarma por el coronavirus. La Generalitat publicó una resolución que dejaba sin efecto el mismo día el levantamiento de las restricciones de paso para los vehículos pesados en la N-240, y también en la N-340 a su paso por las comarcas de Tarragona y Barcelona.

Esta medida tomó por sorpresa al sector del transporte, que criticó que el veto a vehículos pesados volviera a entrar en vigor “y no se nos había comunicado previamente”. La secretaria de la patronal del transporte Asotrans, Silvia Llobet, recalcó que cuando se levantó el desvío obligatorio se “mantuvieron las bonificaciones” en el precio del peaje de la autopista, pero estas también se suprimieron a partir del 20 de abril y también “sin ningún tipo de comunicación”.

La prohibición se dejó sin efecto a mediados de marzo para garantizar el suministro de mercancías

Por su parte, desde el Servei Català de Trànsit (SCT) señalaron que “con la recuperación progresiva de la movilidad, los camiones de cuatro o más ejes volverán a tener prohibido circular por estas vías por motivos de seguridad y fluidez”. El desvío obligatorio de camiones en la N-240 se empezó a aplicar en septiembre de 2018 y se levantó de forma excepcional el pasado 14 de marzo para garantizar el suministro de mercancías tras la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria de la Covid-19. La decisión fue avalada tanto por el Estado como por la Generalitat.

Asimismo, el SCT aseguró que el veto se vuelve a activar después de que el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana “ha recuperado las bonificaciones acordadas” para los tramos de autopista afectados. Estas deducciones se aplican entre Les Borges y el Pla de Santa Maria (Alt Camp). Sigue aún sin fecha la prolongación del desvío obligatorio desde la capital de Les Garrigues hasta Lleida ciudad, el tramo con una mayor accidentalidad.

Por el momento, el Estado ya ha adjudicado el estudio para analizar cómo cambiará el tráfico en la AP-2 cuando en agosto de 2021 expire la concesión, que actualmente está en manos de Abertis. El Gobierno central ya anunció que no la renovará. Con este proyecto deberá determinarse si es necesario construir nuevos accesos a la autopista, remodelar los existentes o implantar medidas para paliar el ruido, como ya avanzó SEGRE.