Siete detenidos en varios pueblos de Lleida por tráfico de cocaína
Fueron arrestados el miércoles por la Guardia Civil y hoy pasarán a disposición judicial
La Guardia Civil detuvo el miércoles a siete personas en varias localidades de Ponent acusadas de formar parte de una red de tráfico de drogas, especialmente cocaína, en el marco de una investigación dirigida por el juzgado de Instrucción número 2 de Lleida y que ha sido declarada secreta, según ha podido saber SEGRE.
Los siete arrestados pasarán hoy a disposición judicial acusados de los delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, entre otros cargos, según informaron fuentes judiciales. La operación policial culminó el miércoles con los arrestos y el registro de sus domicilios en localidades como Alcarràs y la ciudad de Lleida.
La Guardia Civil habría decomisado más de 200 gramos de cocaína, material para manipular la droga, dinero y otros objetos de valor. Los investigadores llevaban varios meses haciendo seguimientos a los presuntos miembros de la red y también efectuó escuchas telefónicas autorizadas por el juez tras tener conocimiento del supuesto tráfico de droga. Los arrestados son hombres de nacionalidad española y colombiana con lazos familiares y que, al parecer, llevaban tiempo dedicándose a esta actividad ilícita, según explicaron fuentes solventes. La operación llevada a cabo por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) con la colaboración de otras unidadessigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Dos clanes condenados
Precisamente, el lunes la Audiencia de Lleida condenó a ocho personas de dos clanes familiares por traficar con marihuana y cocaína en viviendas en la partida de la Mariola, el barrio de la Mariola y en el Barri Antic. Aceptaron penas de hasta cuatro años y medio de prisión tas una vista por conformidad en el primer juicio que se celebra en la Audiencia de Lleida en la desescalada y con todas las medidas de seguridad sanitarias para evitar contagios por coronavirus. Las partes llegaron a un acuerdo y la Fiscalía rebajó las penas que solicitaba, la más elevada de 9 años y 10 meses de prisión. Además, tendrán que indemnizar a Endesa con 238.589 euros por haber “pinchado” la luz para cultivar la marihuana.