El Congreso podrá impedir que el Estado pida dinero a los municipios

El Congreso podrá impedir que el Estado pida prestado a los ayuntamientos todo su superávit municipal a cambio de dejarles gastar una parte para paliar los perjuicios de la pandemia. El decreto-ley que prevé otorgar subvenciones a los consistorios por valor del 35% de lo que presten ha entrado en vigor tras su publicación en el BOE. Sin embargo, deberá someterse a la validación de la Cámara baja dentro de un mes, cuando será ratificado o rechazado. Los partidos que han expresado su oposición a esta medida suman más de la mitad del hemiciclo, votos más que suficientes para que la norma quede anulada.

Esta petición de dinero a los municipios es resultado de un acuerdo entre el ministerio de Hacienda, en manos del PSOE, y el sector socialista de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El rechazo entre la mayoría de partidos quedó patente ayer en una declaración que suscribieron el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, y los de otras nueve ciudades de Catalunya y España.

Además de la Paeria, los ayuntamientos de Madrid, Bilbao, Cádiz, Granada, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Pontevedra, Reus y Zaragoza reclamaron dar marcha atrás a esta medida. Lo suscribieron ediles de ERC, Junts, PP, Cs, PNV, BNG, Adelante Andalucía y Coalición Canaria. Algunos apuntaron que, si sus respectivos partidos votan contra el decreto-ley en el Congreso, quedará anulado. Entre los ediles había tanto representantes de municipios con superávit como de otros que no lo tienen. Lleida ciudad pertenece a estos últimos, al no tener remanentes que prestar al Estado a cambio de ayudas para gastos.

Tras la reunión de alcaldes por videollamada, Pueyo valoró que el acuerdo entre el Estado y el sector socialista de la FEMP “vulnera la autonomía local”. Los alcaldes expusieron la necesidad de tratar por igual a los municipios que tienen superávit y los que no lo tienen. Al respecto, el Paer en Cap dijo que “no es justo que haya desigualdad en el trato de las ayudas”. Estos diez ayuntamientos buscarán la adhesión de más ciudades de toda España y esperan reunirse de nuevo en septiembre.

El texto del decreto-ley prevé que el Estado devuelva a los municipios el dinero prestado en “un máximo de 15 años”, cinco más que los diez años anunciados a principios de esta semana. El presidente de la FEMP, Abel Caballero, aseguró al respecto que el dinero se devolverá en diez años y que el plazo solo se prolongará hasta quince a cambio de “condiciones más ventajosas” para los consistorios. Las condiciones se fijarán en las próximas semanas.