Rebelión municipal ante el préstamo que les pide el Estado de su superávit

Más de 200 ayuntamientos de Lleida no pueden gastar su superávit, 29, entre ellos Lleida, Cervera, Mollerussa y El Pont, no tienen, pero todos están en contra de la propuesta del Estado de prestarle sus remanentes a cambio de poder gastar una parte en paliar perjuicios de la crisis sanitaria. Una “ayuda” condicionada que ha rebelado a los municipios.

Uno de cada diez ayuntamientos de Lleida carecen de superávit municipal y, por lo tanto, no tienen dinero que prestarle al Estado a cambio de “ayudas” con las que paliar los perjuicios de la crisis sanitaria. Las aportaciones que plantea el Gobierno español con esta finalidad son del 35% de lo que reciba en préstamo de cada municipio, algo que deja fuera a los consistorios sin remanentes: al menos veintinueve de los 231 municipios de la provincia, según los datos del ministerio de Hacienda. Corresponden al cierre del ejercicio 2018, a la espera de completar los datos del año pasado.

Estas peticiones de dinero a los ayuntamientos son fruto de un acuerdo entre Hacienda, en manos del PSOE, y el sector socialista de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Desde que lo anunciaron el pasado lunes ha chocado con el rechazo mayoritario de los municipios de Lleida. Unos porque son contrarios a ceder todo el superávit municipal a cambio de poder gastar una tercera parte del dinero en forma de “ayudas”. Otros, porque ni siquiera tienen la opción de acogerse a este trato y por ahora no ven alternativas sobre la mesa.

La mayoría confía en que el Congreso vete el acuerdo con la FEMP, que solo apoya el PSOE

Los ayuntamientos leridanos suman superávits por valor de 42,5 millones, pero la situación es muy desigual entre ellos. Así, los 117 municipios con saldos positivos en sus arcas municipales suman algo más de 46 millones, en cantidades que pueden oscilar entre unos pocos miles de euros y más de tres millones. En cambio, los 29 sin remanentes cerraron el ejercicio de 2018 con saldos negativos por valor de más de 3,4 millones. Los 25 municipios restantes no facilitaron datos a Hacienda sobre sus cuentas dentro del plazo.

Cabe recordar que los ayuntamientos que tienen ahorros no pueden disponer de ellos libremente. Desde la reforma local que el Gobierno del PP impulsó en 2013, es el Estado el que decide cada año qué parte del superávit pueden gastar los entes locales y para qué, siempre con criterios de contención y la estabilidad presupuestaria. Siete años después, la mayor parte de los consistorios tienen unas cuentas saneadas, un bajo endeudamiento y dinero en sus cuentas... que no pueden tocar.

La reivindicación de autonomía financiera para los ayuntamientos se ha redoblado durante la crisis sanitaria. La pandemia ha aumentado gastos de los consistorios y algunos han rebajado o suprimido tasas a personas y empresas. Asimismo, el parón en la actividad económica reducirá los ingresos a través de impuestos propios y transferencias de otras administraciones. Ante esta situación, cada vez más alcaldes y alcaldesas piden poder disponer de un dinero que pertenece a cada municipio.

En cuanto a los consistorios sin remanentes, el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, abrió el melón de la protesta al reclamar la semana pasada un trato equitativo que evite discriminar a la población en función de si vive en un muncipio con superávit o no. La Paeria es, precisamente, un municipio sin superávit municipal. Pueyo se pronunció sobre esta cuestión en el marco de la declaración de una decena de alcaldes contra al decreto-ley estatal, al que se oponen también la mayoría de partidos y que podría rechazar el Congreso.