FINANZAS MUNICIPALES
El Estado cifra en 205 millones el ahorro local de Lleida y ofrece 71 millones si se lo prestan
Nueva estimación que incorpora el superávit de los ayuntamientos y el de la Diputación, que calcula en 80 millones || Ayudas por valor del 35% de estos préstamos por periodos de diez o quince años
El ayuntamiento de Naut Aran, el que tiene más superávit.
El Estado cifra en 205 millones de euros el superávit local de las comarcas de Lleida, una cantidad que incorpora tanto el que acumulan 149 ayuntamientos como el de la Diputación, que asciende a 80,4 millones. Así se desprende de los últimos datos que maneja el Gobierno español. De acuerdo con ellos, los entes locales leridanos recibirían un máximo de 71,8 millones en concepto de subvenciones si todos ellos accedieran a prestar al ministerio de Hacienda, por periodos de diez o quince años, estos remanentes. La normativa española les impide disponer de ellos libremente.
La lista del Gobierno apunta a remanentes por valor de 6,7 millones en el ayuntamiento de Naut Aran; de más de cinco millones en Bellver; de 4,2 en Vielha; 4,1 en Guissona; 3,6 en Alpicat; 3,4 millones en Prats i Sansor, y 2,9 en Solsona. Otros municipios por encima de los dos millones de superávit son La Seu (2,4), Alcoletge (2,5), Les (2,4), Juneda (2,1), Montferrer, Tremp, Almatret y Alcoletge. Municipios como Balaguer y Alt Àneu acumularían 1,8 millones mientras que otros como Agramunt y Bellpuig, entre otros, superarían el millón de euros. La estimación de 205 millones supera con mucho los saldos positivos de 46 millones que los ayuntamientos leridanos presentaron en 2018, según cifras del ministerio de Hacienda.
Los 71 millones que el Estado ofrece como contrapartida a los préstamos serían “ayudas” por valor del 35% de las cantidades cedidas. La mayoría de partidos con representación en el Congreso y numerosos alcaldes leridanos se han mostrado ya contrarios a prestar su superávit. En lugar de eso, reclaman poder disponer de estos ahorros y derogar la normativa que restringe el uso que los ayuntamientos pueden hacer de ellos. Sin embargo, la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, descartó esta petición el pasado lunes y la calificó de “inconstitucional”. Sin embargo, el Ejecutivo español se ha abierto a negociar el decreto ley para evitar que el Congreso rechace ratificarlo en las próximas semanas.
