CONGRESO LEGISLACIÓN
La presión de los ayuntamientos consigue vetar el decreto de remanentes del Gobierno
Derogado en el Congreso el proyecto, que pretendía dar al Estado los ahorros locales, y el PSOE logra solo el apoyo de Unidas Podemos || Piden un texto que permita el acceso a los fondos sin condiciones
El Paer en Cap atiende a los medios de comunicación a la salida de la sesión plenaria del Congreso.
El Gobierno de Pedro Sánchez no logró finalmente sacar adelante ayer en el Congreso el Real Decreto que preveía la cesión de los remanentes de los ayuntamientos al ejecutivo central a pesar de los intentos del ministerio de Hacienda, que siguió negociando hasta última hora. El texto se aprobó a principios de agosto pero requería la ratificación de la Cámara baja un mes después para seguir en vigor. En las últimas semanas se ha multiplicado la oposición al texto, especialmente de los ayuntamientos, catalanes y en todo el Estado. En el Congreso, los partidos de la oposición votaron en contra (193 noes de 350) y exigieron un nuevo proyecto que permita a los ayuntamientos utilizar el superávit en plena pandemia, algo que impide ahora la ley de estabilidad presupuestaria. La de ayer fue la quinta ocasión en democracia en que el Congreso tumbó un Decreto Ley del Gobierno. Fue el primer varapalo parlamentario al Gobierno de coalición.
El PSOE logró solo convencer a Unidas Podemos, su socio de Gobierno, que votó a favor tras lograr de la ministra María Jesús Montero un fondo adicional de 3.000 millones. El texto derogado contemplaba la cesión voluntaria de los remanentes de los ayuntamientos al Gobierno (en Lleida se cifraron en más de 200 millones de euros, incluidos 80 de la Diputación) a cambio del pago a los municipios como “intereses” del 35% de esta cantidad durante este año y 2021, además de la devolución de todo el superávit cedido en un plazo de 10 a 15 años. Esta medida dejaba sin fondos inmediatos a los ayuntamientos sin superávit, por ejemplo, Lleida, Mollerussa, Cervera o El Pont de Suert. Los municipios de Lleida con superávit (unos 150) habrían recibido 71 millones ‘extra’ además de la devolución del remanente. El Real Decreto generó una fuerte oposición de numerosos alcaldes en Catalunya, además de la ACM. El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, asistió ayer al pleno del Congreso y reclamó tras la votación un nuevo proyecto que contemple la aportación de 5.000 millones a los ayuntamientos (equivalentes al 35% del remanente en todo el Estado) y que se distribuyan “con criterios objetivos”. El presidente de la Diputación, Joan Talarn, exigió desactivar la ley de estabilidad presupuestaria.
La diputada Montse Mínguez (PSC) lamentó la derogación y dijo que Lleida ciudad “pierde 750.000 euros para compensar el déficit de los autobuses y la oportunidad de participar en el fondo de los 5.000 millones”. El diputado al Congreso por ERC Xavier Eritja señaló que el Real Decreto perpetuaba la política de austeridad del PP. Concepció Cañadell (Junts, Grupo Plural) dijo que “creemos que todos los ayuntamientos deben poder acceder a los 5.000 millones”, no solo los excedentarios.
