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POLÍTICA PARLAMENT

Boya cree que Aran “no puede desplegar su autonomía” y exige mejorar la financiación

Dice en el Parlament que los “incumplimientos” de acuerdos por parte de la Generalitat “han adquirido una normalidad exasperante” || ERC replica que la Val recibe un mejor trato que Catalunya de España

El Síndic de Aran, Francés Boya, en la comisión parlamentaria.

El Síndic de Aran, Francés Boya, en la comisión parlamentaria.PARLAMENT

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El Síndic de Aran, Francés Boya (UA), afirmó ayer que la Val “no puede desplegar su autonomía política” a pesar de tenerla reconocida en el Estatut y la ley de régimen especial de 2015. En una comparecencia ante la comisión parlamentaria de Asuntos Institucionales, argumentó que frecuentes incumplimientos de acuerdos por parte de la Genereralitat y una financiación insuficiente reducen el margen de maniobra del Conselh Generau a cuestiones “meramente administrativas” y no al desarrollo de políticas propias. Su intervención, en lengua aranesa, coincidió con el 30 aniversario de la recuperación de las instituciones de Aran.

“El incumplimiento de acuerdos institucionales ha adquirido una normalidad exasperante”, dijo Boya, y pidió “voluntad política” para implantar lo que ya está recogido en leyes y acuerdos bilaterales. Esto pasa, dijo, por una mejor financiación y porque Aran sea consultada sobre leyes y resoluciones que afectan a sus competencias, entre otros factores. Pidió impulsar la oficina parlamentaria de Aran para la “coordinación y arbitraje” entre instituciones.

Boya reclamó “voluntad política” para implementar lo que ya recogen leyes y acuerdos bilaterales

“No quiero presentar un memorial de agravios”, apuntó, aunque mencionó unos cuantos. Señaló que el actual sistema de financiación otorga al Conselh 2 millones al año frente a los 5 que tuvo hasta 2011. Cifró en un millón anual el “déficit sistemático” de la administración aranesa, por una “infrafinanciación” que perjudica al sistema sanitario y los servicios sociales, y advirtió que la lengua aranesa “sobrevive en precariedad”, con una dotación que pasó de 100.000 euros en 2010 a los 60.000 actuales. Por ello, pidió más fondos y competencias plenas en política lingüística. Boya atribuyó a la Generalitat una “tendencia a negar capacidad de decisión a terceros” y recordó que, precisamente, “Catalunya lamenta la falta de sensibilidad del Gobierno español”. Desde las filas de los partidos en el Govern, Francesc Viaplana (ERC) le respondió: “Quisiera que España tratase a Catalunya como Catalunya trata a Aran”.

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