Vergés dice que no puede revocar el contrato para rastreos con Ferrovial

La consellera de Salud, Alba Vergés, afirmó ayer que su departamento no puede revocar el polémico contrato de 17,5 millones de euros por el rastreo de contactos de personas contagiadas de Covid-19 que adjudicó a Ferroser, filial del grupo Ferrovial. Afirmó que personal de esta empresa desempeñará este trabajo “hasta que haya otra alternativa”. El Parlament instó meses atrás a la Generalitat a rescindir de forma “inmediata” esta contratación, con 90 votos favorables de JxCat, ERC, PSC-Units, los Comuns y la CUP, y 40 abstenciones de Cs y el PP.

“No podemos desmontar un circuito que funciona”, argumentó la consellera, después de que ella misma dijera en verano que estudiaría revocar el contrato. Vergés subrayó que “hasta el momento no ha sido posible y no podemos deshacer el trabajo que se está haciendo” y dijo que “hasta que haya alternativa, el servicio se prestará”. En rueda de prensa, insistió en que “veremos si finalmente este contrato se puede revertir” y explicó que llevan semanas revisando el circuito de rastreo, cómo se integra en el sistema y cómo se fortalece, en vinculación con la Atención Primaria.

Según fuentes de Salud, hay 3.000 rastreadores de Salud Pública y otros 700 de Ferrovial. El contrato con la empresa privada deberá finalizar el 31 de mayo de 2021. Esta contratación, adjudicada sin concurso, fue objeto de polémica hace meses y ayer volvió a la actualidad, a raíz de la prórroga de otro contrato con el grupo Ferrovial, en este caso por el servicio del 061 por un año con un importe de cerca de 10 millones de euros.

Por otra parte, la Generalitat exige el certificado C1 de catalán para ciertos puestos en labores de rastreo y seguimiento de Covid-19. Así lo ha constatado Alfred Piñol, veterinario leridano que optó a una oferta de empleo del Govern. “Me llamaron el lunes y me ofrecieron hacerme cargo de un grupo de diez personas”, explicó. A continuación le comunicaron por email que debía presentar el C1. Piñol es catalanoparlante, pero carece de una titulación que acredite su conocimiento de esta lengua, así que pidió someterse a una prueba de catalán. “Me respondieron que me ponían a la cola de la lista y que, si ningún otro candidato reunía los requisitos, me harían la prueba”, dijo. “En un momento tan difícil, un tema burocrático no se debería anteponer al conocimiento técnico”, lamentó. Algunos rastreadores, por su parte, dijeron que a ellos no les pidieron certificación.