TRUIBUNALES DELITOS AMBIENTALES
Investigan a un conselhèr de Aran y a otras cinco personas por la muerte del oso Cachou
Un cargo electo en la oposición que estuvo en el gobierno del Conselh Generau en el mandato anterior || Hay dos trabajadores de la administración aranesa entre los investigados y han declarado 15 testigos
Seis personas son objeto de investigación por la muerte del oso Cachou en abril. Uno de ellos es miembro del Conselh Generau de Aran, José Antonio Boya. Forma parte del grupo de Convergència Aranesa, en la oposición. En el mandato anterior, entre 2015 y 2019, fue conselhèr de Territorio en el gobierno aranés. Así lo confirmaron ayer fuentes próximas a la causa, después de que el juzgado de Vielha levantase parcialmente el secreto de sumario tras medio año de diligencias.
En este periodo, 15 personas han declarado como testigos además de los investigados. Fuentes próximas explicaron que la investigación incluyó comunicaciones entre ellos. Formaban parte de un grupo de Whatsapp de contrarios a la reintroducción del oso. En él se habría mencionado el uso de anticongelante como veneno, el producto que intoxicó a Cachou. Sin embargo, algunas fuentes apuntaron que los mensajes en este grupo podrían no considerarse relevantes para la causa.
Al menos tres investigados son vecinos de Les. Boya es edil en este municipio. También es del mismo pueblo otro investigado, B. M. D., dueño de cámaras de trampeo fotográfico halladas cerca del cadáver de Cachou; y A. M. G., nombrado agente de Medio Ambiente tras la muerte del oso y antiguo miembro del equipo de seguimiento del oso. Cuando se halló el cadáver, no trabajaba para el Conselh. Otro empleado de la administración aranesa figura entre los investigados. Se le localizó cerca de donde murió el plantígrado, si bien es propietario de colmenas en la zona.
La asociación ecologista Ipcena difundió un informe de los agentes rurales sobre la muerte de Cachou que figura en el sumario. Apunta a una posible “muerte no natural por intoxicación” en abril,algo que esta y otras entidades ecologistas advirtieron y que no se confirmó hasta noviembre. Ipcena acusó al Conselh de “dar versiones falsas para favorecer el archivo del caso”, por haber afirmado en abril que el cadáver presentaba indicios de una caída y de una pelea con otro oso. Fuentes de la administración aranesa recordaron que fueron ellos los que pidieron la necropsia a la UAB y aseguraron que depurarán responsabilidades si es preciso.